La denuncia guarda relación con la sentencia definitiva Nº 494, de fecha 23 de noviembre de 2018, mediante la cual la jueza mencionada dictó una resolución en la que se transfieren 300.000 hectáreas de la Asociación Espíritu Santo a cuatro empresas extranjeras, porque presuntamente la primera había incumplido en el pago de un crédito de USD 15 millones.

Otro punto cuestionado a la jueza es que los inmuebles se encuentran en la zona de seguridad fronteriza, regulado esto en la Ley N° 2532/05, que dispone que los extranjeros oriundos de cualquiera de los países limítrofes de la República o las personas jurídicas integradas mayoritariamente por extranjeros oriundos de cualquiera de los países limítrofes de la República, no podrán ser propietarios, condominos o usufructuarios de inmuebles rurales.

Antes se había cuestionado que la jueza haya firmado la resolución estando con permiso por maternidad.

El representante legal de la magistrada, Rodrigo González Planás, en contacto con Radio 1000, desmintió tales hechos y afirmó que las denuncias contra su defendida son “falacias”.