Este proyecto, tiene como objetivo incorporar videocámaras corporales en los funcionarios que en representación del Estado, realicen procedimientos consistentes en inspecciones, allanamientos, registros y secuestros de lugares, personas o bienes.

“Estamos de acuerdo con lo que pretende el documento, pero entendemos que su aplicación debe limitase al ámbito del Poder Ejecutivo y establecer la obligatoriedad gradual, conforme a la disponibilidad presupuestaria de las instituciones”, dijo al respecto el diputado Avalos Mariño.