Genera suspicacias la versión de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), sobre el asesinato de las dos menores argentinas, luego de los trágicos antecedentes que posee.  Uno de los principales, trata de la llamativa muerte del capitán Enrique Piñánez, quien supuestamente murió en manos de la Asociación Campesina Armada (ACA) en el 2014. Sin embargo, el Ministerio Público nunca investigó el caso. 

Gloria Piñánez, hermana de la víctima, rememoró que Sandra Quiñónez fue enviada por el mismo Horacio Cartes, entonces presidente de la República para encargarse de las investigaciones cuando aún no era fiscal general del Estado. Sin embargo, la misma nunca brindó detalles de los avances y tampoco permitió que legisladores o medios de prensa accedan a la carpeta fiscal del caso mediante un amparo de la Corte Suprema de Justicia. 

“La fiscalía se desentendió del caso. Queremos la reconstrucción de los hechos pero nunca lo hicieron. Intentamos hablar con Quiñónez pero nunca tuvimos éxito”, lamentó. 

EL CASO

Todo comienza el 23 de Octubre del 2013, cuando Manuel Escurra, jefe de la comisaría 3era. De Horqueta muere, según la voz del Gobierno, en manos del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El deceso se produjo luego de que la patrulla que transportaba al comisario y otros uniformados pasara sobre una bomba puesta como trampa en el camino. 

Días después es asignado el capitán Enrique Piñánez, experto en explosivos, para que haga una pericia (recolectar evidencias) del atentado contra Escurra. 

Sin embargo, el capitán encuentra serias irregularidades al hacer su trabajo que confirmaban a su criterio que Escurra no fue víctima de ningún atentado con explosivos. Al mismo tiempo lo relaciona con el hecho de que el comisario muerto estaba en contra y venía denunciando viejas prácticas de autoridades policiales que, a cambio de dinero, ofrecían a agentes policiales como custodios de ganaderos. 

Mientras Piñánez avanzaba en su recolección de evidencias, el Ministerio Público designó a Joel Cazal, como fiscal interviniente del caso. Una vez el capitán culminó su labor, es invitado por Cazal para almorzar en su residencia. En la ocasión, Piñánez le comenta las serias irregularidades encontradas durante su pericia. A lo que llamativamente Cazal le recomienda que no comente nada por la gravedad de la cuestión. 

Una vez terminado el almuerzo, Piñánez vuelve a su base y con sorpresa se encuentra con Restituto González y Antonio Gamarra, ambos altos mandos de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), quienes lo increpan; “Te fuiste a jaguarear (delatar) a Cazal. Te rajás ahora y sí volvés a Concepción sos hombre muerto”, fueron las palabras textuales que le habría dicho Gamarra a Piñánez apenas volvió a la base. 

A esto el capitán huye de Concepción a viaja en auto más de seis horas hasta Mariano Roque Alonso, al domicilio de su hermana Gloria Piñánez. 

Allí se queda tres días con temor, escondido. Posteriormente prepara un informe y se lo entrega en persona a Luis Gonzaga Garcete, jefe de las fuerzas militares. Quien también llamativamente rompe el informe. Y le pide hacer uno más escueto donde no mencione ningún nombre porque la vida de ambos corría peligro si se hacía público el documento original. 

Poco después de esto, Piñánez viaja a los EE.UU por un curso de actualización en su rama. A su vuelta, es llamado nuevamente para prestar servicios en el norte. 

El 26 de noviembre del 2014, Enrique Piñanez, vía comunicación telefónica avisa a su hermana que ya terminó sus labores y que iba a ir de vuelta a su casa para ver a su papá en horas de la noche del mismo día. 

Sin embargo, esa misma noche se produjo su fallecimiento. 

La versión oficial dice que Piñánez fue requerido en el norte para preparar un explosivo que iba a ser utilizado para acabar con los integrantes de la poco después extinta Asociación Campesina Armada (ACA). 

Ese miércoles de noche, en un vehículo fueron cuatro personas; Juan Jara, chofer e integrante de la Senad, Enrique Piñánez como copiloto, atrás el cuarto hombre Fredy Morínigo, quien era el infiltrado en la ACA para colocar el explosivo y finalmente José Manuel González, un suboficial también de las FTC. 

En el camino se encuentran con una motocicleta sospechosa por lo que la comitiva los persigue hasta rodearlos sin lograr capturarlos. Sin embargo, el copiloto de la motocicleta tira una granada que colateralmente hace detonar el explosivo preparado por Piñánez, acabando con su vida y la de González. Sin embargo, Jara y Morínigo, resultan ilesos, algo no creíble por las pruebas periciales que revelaron que 50 metros a la redonda tendría que ser letal por la fuerza del explosivo incluso para los motociclistas. 

JARVIS CHIMENES PAVAO 

Jarvis Chimenes  Pavão, conocido líder narcotraficante, actualmente preso en Brasil, dio a conocer a Herminio Piñánez, padre del capitán, a través de su abogada Laura Casuso que había entregado US$ 380.000 a Francisco de Vargas, exministro del Interior en la era Cartes para la compra de equipos de escuchas telefónicas en aquel entonces. El trato fue que su madre Nair Chimenes, quedara en libertad, según la versión del general Piñánez. Hechos que fueron confirmados con el correr de los años. 

La relación de  Pavão con el caso Piñánez es que el cuarto hombre, Fredy Morinigo, recibió amenazas de muerte para no comentar lo que realmente sucedió con el entonces capitán. Por ello este pide protección a Pavao. El jefe narco le pide a cambio un video donde cuente todo lo que pasó para utilizarlo en caso de que la Justicia salga en su contra. En el video, Morínigo dice que Piñánez fue en realidad asesinado. 

En noviembre del 2018, tiempo después del que el general Piñánez revelará la existencia del video y del nombre del cuarto hombre hasta entonces desconocido, la abogada fue acribillada en frente de su domicilio en Pedro Juan Caballero. 

En Julio del 2019, Herminio Piñánez, padre del capitán, también fallece por complicaciones de salud sin poder esclarecer la muerte de su hijo.