Es así que el corporativismo en la Cámara Baja no solamente es utilizado para salvar a los diputados que se encuentran con procesos judiciales por hechos de corrupción, sino especialmente para salvar a sus intendentes que son las bases principales de los partidos políticos, principalmente de los diputados, que utilizan a las comunas para ubicar a sus colaboradores como funcionarios sobre poblando de esta manera dichas entidades a nivel país.

Las excusas para salvar a los intendentes fueron varias, pero las mas utilizadas eran que no existía un dictamen de la Contraloría General de la República hasta el ya clásico “se trata de una persecución política, o que falta muy poco tiempo para que se realicen nuevamente las elecciones municipales”, siempre y cuando, el jefe comunal sea del mismo signo político o aliado.

Así salvaron de la destitución al intendente de Francisco Caballero Álvarez, el colorado Néstor Araujo, quien no dio explicaciones del uso de G. 10.000.000.000. El mismo estaba preso al momento en que trataron su caso. Esto es solo uno de los tantos blanqueados por los legisladores.

CORPORATIVISMO. En cuanto a los diputados salvados, se van sumando los casos y en ese sentido se puede citar al colorado oficialista Ulises Quintana, que se encuentra acusado por asociación criminal y lavado de dinero y con prisión preventiva en Viñas Cué. El mismo se salvó de perder su banca a pesar de que lleva cinco sesiones ausentes, debido a que en la última convocatoria sus correligionarios no acudieron y no hubo cuórum.

El cartista Tomás Rivas está imputado por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. El caso que involucra a tres de sus caseros que cobraban como funcionarios de Diputados salió a la luz con una investigación de Última Hora en el año 2017. La alianza entre colorados y algunos liberales los salvó de perder la investidura.

Misma suerte sufrió Carlos Portillo, que está imputado por el hecho punible de tráfico de influencia, tras la difusión de un audio en el que se lo escucha hablar de un pago de USD 3.000 para lograr una resolución judicial.

Miguel Cuevas, colorado oficialista está imputado por enriquecimiento ilícito y declaración falsa. El ex presidente de la Cámara de Diputados está en la mira de la Justicia por aparentes irregularidades que guardan relación con su gestión como gobernador de Paraguarí. La investigación inició tras la denuncia presentada por el concejal de Ybycuí, Ezequiel Cáceres, que señala que el parlamentario malversó G. 1.200 millones en concepto de combustibles. Con chicanas, Cuevas busca frenar el proceso en su contra, mientras que en Diputados ni siquiera mencionan la posibilidad de expulsarle.