La información fue dada a conocer por Mirna Alfonso, una de las denunciantes por supuesta estafa, a través de una publicación en Twitter. En el documento se hace constar que el pedido de quiebra fue presentado por un abogado de Mocipar Propiedades el pasado 6 de diciembre y la resolución del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Decimocuarto Turno se dio el 24 de diciembre.

Este juzgado consultó a la Sindicatura General de Quiebras, que recomendó como síndico a Blas Manuel Velázquez Fernández. Además, preguntó al Ministerio Público sobre la procedencia o no de la acción. El síndico respondió que correspondía hacer lugar al pedido de declaración de quiebra y la Fiscalía contestó que “aun no le corresponde intervenir en esta etapa procesal”.

Mocipar Propiedades pidió la declaración de quiebra por “las cuestiones económicas que atraviesa el país”, la reducción de las ventas y cobranzas entre el 60 y el 70%. “(La empresa) arguye que la segunda causa directa que agravó más la situación fue la injusta y despiadada campaña mediática de carácter político de uno de sus directores”.

Aparte de Mocipar Propiedades, la otra empresa que forma parte del grupo es Mocipar Automotores, sobre la que también existen denuncias de supuesta estafa. La Fiscalía imputó el pasado viernes 29 de noviembre por estafa y otros delitos a Román Fernández. Unos 40 testigos declararon cómo fueron engañados.

El proceso comenzó con la denuncia presentada por Liza Ortiz, Mariana Báez de Vera y Mirna Alfonso ante la Fiscalía General del Estado el 21 de junio pasado contra los representantes de la firma Mocipar SA y Grupo Mocipar, o sea Fernando Román y Orlando Benítez.

Según la Fiscalía, Fernando Román “con su conducta habría inducido al error por medio de promociones engañosas a varias personas, a fin de que las mismas dispongan de parte de su patrimonio, causándoles así un perjuicio patrimonial a las mismas, en connivencia con Orlando Benítez. Asimismo, se habrían dejado constancias falsas en las documentaciones y escrituras públicas con relevancia en las relaciones jurídicas, todo ello con el fin de obtener un beneficio patrimonial indebido”, indica el escrito.

Mocipar pertenecía al ahora ministro de Urbanismo, Dany Durand, quien vendió sus acciones en noviembre de 2017. El otro dueño es Fernando Román, investigado también por la Fiscalía por sus vinculaciones con el senador cartista Javier Zacarías (ANR). Ambos son socios en Gestiones del Este SA, empresa que aparece también en el mismo circuito de empresas conectadas con Mocipar.