El acuerdo y sentencia número seis que emitió el miércoles último la Corte Suprema de Justicia dice que se resuelve rechazar el habeas corpus reparador presentado por el abogado Luis Alberto Guillén Zárate a favor de Julio César Gomes, Rafael de Souza, Felipe Diogo Fernandes Dias, Marcos Paulo Valdez Pereira, Ailton Botelho Dos Santos y Luciano de Souza Martins.

El documento lleva la firma de los ministros de la máxima instancia judicial Luis María Benítez Riera, Miryam Peña Candia y Alberto Martínez Simón.

El abogado Guillén, quien defiende a los presuntos matones, es nada menos que concejal departamental de Amambay por el Partido Colorado.

Básicamente, lo que el político colorado argumentó ante la Corte, al presentar el habeas corpus, es que los supuestos “fusileros” que fueron capturados en febrero del año pasado en Pedro Juan Caballero se hallan privados de su libertad de manera ilegal e injusta. Los procesados, de hecho, se encuentran recluidos en la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero bajo un régimen de seguridad máxima luego de dos intentos de rescate que fueron evitados por la Policía y por el Ministerio de Justicia.

Uno de los crímenes atribuidos a este grupo es el de la abogada Laura Casuso, defensora de Jarvis Chimenes Pavão.

Otro intento fallido

De este modo, ya se torna prácticamente imposible que los seis presuntos sicarios salgan en libertad, tal como sorpresiva, inesperada y llamativamente lo ordenó el viernes 10 de enero pasado el juez penal de garantías de Capitán Bado, Manuel Marcos Fernández Arce.

Este magistrado aprovechó la feria judicial y las vacaciones de su colega de Pedro Juan Caballero, Cándido Insfrán, para intervenir en la causa y conceder arresto domiciliario a los seis procesados considerados por el propio Gobierno como de alta peligrosidad.

Sin embargo, como borrando con el codo lo que escribió con la mano, el mismo juez Fernández, al día siguiente, dejó sin efecto su resolución luego de que la Policía Nacional se negara a acatar su sugestiva determinación y, sobre todo, al conocerse un fallo de la misma Corte Suprema de Justicia que ya había sido emitido el 31 de diciembre pasado en esta causa.

Resulta que la intervención del juez Fernández se produjo luego de que el expediente fue trasladado de Asunción a Pedro Juan Caballero, gracias a un también cuestionado fallo de una Cámara de Apelaciones conformada por Delio Vera Navarro, Agustín Lovera y Cristóbal Sánchez.

Los camaristas hicieron lugar el 12 de noviembre del año pasado al pedido de la defensa de los procesados, que argumentaba que la jueza de Asunción Clara Ruiz Díaz no tenía competencia para intervenir en una causa iniciada en Pedro Juan Caballero. Sin embargo, con la corrección que hizo la Corte en el último día del año 2019, el expediente tenía que volver a la capital del país y, por ende, lo que decidió en ese lapso de tiempo el juez Manuel Marcos Fernández Arce quedaba nulo.

Podría ser destituido

El juez Fernández Arce está enjuiciado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por haber levantado, casi en secreto, en setiembre del año pasado, una orden de captura contra el supuesto narco badeño Gerardo Ramón Sánchez Gómez, alias Quela’i, quien de todas formas cayó preso un mes después, pero por otra causa.

Paralelamente, el JEM ya inició otra investigación contra el mismo juez por la causa de los seis supuestos sicarios de Minotauro que estuvieron a punto de abandonar la cárcel. Incluso, esta vez ya podría ser suspendido en sus funciones y, eventualmente, destituido.