El diputado liberal conversó este jueves con radio ABC Cardinal sobre la intención de su correligionario Blas Llano de declarar en estado de excepción el departamento de Amambay por un plazo de 45 días, durante los cuales se intensificarían los controles en la zona.

“Veo que no le gusta a la gente, teniendo en cuenta que somos una ciudad que vive del turismo de compras, de los brasileños. Esa gente no va a venir más a realizar sus compras. Ese tipo de estado genera miedo en los trabajadores que al salir son molestados por militares y policías y otra vez no se les persigue a los verdaderos criminales. El que paga el pato es el ciudadano humilde. Ese es el miedo”, expresó el legislador este jueves.

“Se comenta que hay zonas liberadas para el narcotráfico. Hay puestos policiales que están al servicio del narcotráfico. Se comenta que están (los fugados) entre esos campamentos. En esos lugares hay mucha gente que trabaja en esos sectores”, dijo.

Acevedo, quien llegó a ser presidente del Congreso, confesó “tener miedo para hablar”. “Tengo miedo y me cuido mucho para hablar. Antes sí decía más, pero hoy me callo muchísimo. Yo no tengo informantes, pero es lo que la gente habla, comenta. Es lo que se escucha (el dominio de los narcos y cómo se fugaron tras sobornar a varias personas) en Pedro Juan Caballero, pero lógicamente tiene miedo de hablar con la prensa”, añadió.

Además, el diputado dijo que el escape masivo de la cárcel fue a cambio de mucho dinero para policías y fiscales. “Esto fue negociado por mucho dinero, como siempre se manejó allí. Acá hay mucho más, eso es evidente. También la Policía recibía y algunos fiscales seguramente”, insistió.

Estado de excepción

En el artículo 1 del proyecto de ley —presentado ayer por el titular del Congreso, Blas Llano— se declara estado de excepción en Amambay, “por la conmoción interior generada por la fuga masiva de criminales de alta peligrosidad”. El texto añade que este hecho pone en peligro el funcionamiento de los organismos institucionales, el resguardo de la libertad y los derechos de las personas y sus bienes.

En el artículo 2 se indica que la declaración se extenderá por 45 días, contados desde la promulgación. Asimismo, se indica que durante su vigencia el presidente Mario Abdo Benítez podrá ordenar la detención de las personas involucradas y su traslado a cualquier punto del territorio nacional.