La fiscal Sonia Sanguinés lamentó la nueva postergación y alertó sobre las dilaciones sistemáticas que, desde hace años, impiden el avance del proceso. “El tribunal consideró pertinente posponer el inicio del juicio hasta el viernes y ordenó que un médico forense verifique la veracidad del reposo presentado por el profesional”, explicó la representante del Ministerio Público.

Sanguinés recordó que el caso se encuentra judicializado desde el año 2017, cuando el Ministerio Público presentó la acusación formal por hechos ocurridos en centros de detención policial durante el régimen stronista. “Han pasado más de ocho años desde que formulamos la acusación y recién ahora se había fijado fecha de inicio del juicio”, señaló.

De los diez imputados originales, cinco fallecieron durante el proceso, dos permanecen prófugos,y tres son los que actualmente enfrentarán juicio. “El tiempo excesivo transcurrido ha perjudicado no solo el proceso judicial, sino también la posibilidad de que las víctimas y sus familias sientan que la justicia finalmente llega”, enfatizó la fiscal.

Los hechos atribuidos a los ex uniformados se remontan al año 1976, en plena dictadura militar a cargo de Alfredo Stroessner. Según la acusación fiscal, Benítez, Laspina y Alcaraz habrían participado en detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles contra ciudadanos opositores al régimen, quienes fueron recluidos en dependencias policiales donde se cometieron violaciones graves a los derechos humanos.

La causa forma parte del proceso de memoria, verdad y justicia impulsado por el Ministerio Público y organizaciones de derechos humanos para juzgar los crímenes cometidos durante el stronismo, uno de los períodos más oscuros de la historia reciente del Paraguay.

Sanguinés denunció que la defensa de los acusados ha promovido una serie de incidentes y recursos que obstaculizan el avance del caso. “Desde el inicio se han presentado cuestionamientos a las notificaciones, apelaciones, reposiciones e incluso dos excepciones de inconstitucionalidad que aún están pendientes de resolución en la Corte Suprema”, detalló. “Podemos iniciar el juicio, tramitarlo, pero no podremos dictar sentencia mientras esas cuestiones no sean resueltas por la Sala Constitucional. Es un problema estructural que retrasa el acceso a la justicia”, lamentó la fiscal.

Ante la reiteración de maniobras dilatorias, la fiscal anunció que solicitará sanciones contra los abogados defensores que actúen de mala fe. “A esta altura del proceso, cuando ya deberíamos estar desarrollando el juicio, se vuelven a plantear incidentes sin fundamento. Voy a pedir que sean declarados litigantes de mala fe y sancionados conforme a la ley”, advirtió.

La fiscal insistió en que este tipo de prácticas revictimizan a los sobrevivientes y atentan contra el principio de justicia oportuna. “Cada suspensión implica una herida abierta para quienes esperaron décadas por ser escuchados. La justicia tardía es también una forma de impunidad”, concluyó.

El tribunal fijó una nueva fecha tentativa para el viernes próximo, condicionada al informe médico del profesional que alegó enfermedad.