“Nosotros ya veníamos esperando hace tiempo esta audiencia, luego de la acusación presentada por el Ministerio Público y también por nuestra querella adhesiva. Lamentablemente, no nos sorprende que aparezcan intentos de dilatar el proceso”, afirmó la abogada Gessy Ruiz Díaz al referirse a los pedidos de suspensión y la recusación presentada por la defensa.

Desde el viernes anterior, la querella ya tenía conocimiento de un pedido de suspensión basado en un supuesto cuadro gripal de una de las acusadas. Ante esto, evaluaban solicitar la verificación médica en el domicilio, pero no fue posible debido a que no se informó dónde estaría guardando reposo la imputada. Esta omisión fue advertida por la propia magistrada durante la jornada.

Además, el acusado Fernando Román, bajo patrocinio de un nuevo abogado, presentó una recusación que motivó la suspensión de la audiencia. Según la abogada, el profesional solo se presentó para interponer dicha acción, hecho que, según explicó, configura una causal de sanción conforme a la acordada que regula la conducta de abogados y magistrados.

“La juez hizo las advertencias correspondientes, señalando que la presentación fue claramente dilatoria. Esperamos que esta situación derive también en una sanción disciplinaria al abogado, ya que esta es solo la primera convocatoria y ya se está recurriendo a este tipo de maniobras”, remarcó Ruiz Díaz.

En cuanto al fondo del caso, la abogada respondió a los cuestionamientos de la defensa del acusado Dany Durand, que sostiene que los pedidos de sobreseimiento en otras causas demuestran la supuesta presión mediática detrás de las acusaciones. La letrada rechazó tajantemente estos argumentos, calificándolos como carentes de sustento jurídico o fáctico.

“Cada víctima tiene una historia particular y aunque los hechos tienen un patrón similar, no se acumularon las causas ni a nivel fiscal ni en el Jurado. Incluso, en los pocos pedidos de sobreseimiento provisional, no se habla de inexistencia del hecho punible, salvo en uno, en el que se menciona un supuesto pago a una víctima para argumentar la ausencia de dolo”, explicó.

La abogada también criticó al fiscal adjunto Adrián Salas por haber tomado decisiones sin elementos concluyentes, especialmente en lo relacionado con ese supuesto pago y afirmó que eso motivó el pedido de auditoría a nivel fiscal y jurisdiccional.

Actualmente, la querella adhesiva representa a cinco víctimas en esta causa, que en total involucra a 31 personas afectadas por las presuntas estafas cometidas a través del esquema de financiación de Mocipar. “Aunque solo representamos directamente a cinco víctimas, todo el caudal probatorio beneficiará a las demás. Seguimos esperanzados en lograr una condena después de tantos años de lucha”, concluyó Ruiz Díaz.