Una abogada y docente identificada como María Lourdes Parra Colmán enfrentará juicio oral y público por haber estafado a sus padres, ambos adultos mayores y con enfermedades crónicas, al apropiarse de cuatro inmuebles y dos vehículos de su propiedad. Según la acusación del Ministerio Público, la mujer se valió del argumento de un supuesto “riesgo de embargo” para convencer a sus padres de transferirle sus bienes bajo el concepto de anticipo de herencia.

Sin embargo, tras la transferencia, los verdaderos dueños perdieron el acceso a los alquileres y al uso de las propiedades, ubicadas en distintos puntos del barrio Ciudad Nueva, de Ciudad del Este. Los denunciantes, Juana Bautista Colmán de Parra y Carlos Parra, explicaron que su hija firmó la operación ante escribanía el 20 de noviembre de 2021, comprometiéndose a proteger los bienes y asistirlos en cuestiones de salud. Nada de eso ocurrió, según la denuncia radicada por ellos ante la Fiscalía.

La causa fue investigada por el fiscal Alcides Giménez, quien presentó pruebas que motivaron la decisión de la jueza Cinthia Garcete de elevar el caso a juicio. La magistrada rechazó el pedido de sobreseimiento de la defensa y admitió todas las evidencias ofrecidas por la querella y el Ministerio Público. La acusada deberá sentarse en el banquillo por el hecho punible de estafa, El juicio será llevado adelante por un tribunal de sentencia de Ciudad del Este.

¿CÓMO LO HIZO?

El esquema comenzó a materializarse el 20 de noviembre de 2021, cuando la abogada formalizó una escritura de donación de inmueble como anticipo de herencia con reserva de usufructo vitalicio, una figura legal que le permitió tomar control de los bienes inmuebles de sus padres mientras ellos aún vivían. De acuerdo con los documentos fiscales, entre los bienes transferidos se incluyen cuatro inmuebles ubicados en Ciudad del Este, valorados en aproximadamente 315 millones de guaraníes.

Estos son: Un inmueble en la fracción Los Pinos, de 364 metros cuadrados, con un valor estimado de 82.411.648 guaraníes; otro lote en la misma fracción, de similar tamaño, valuado en 30.980.404 guaraníes; un inmueble en el barrio Ciudad Nueva, con una extensión de 735 metros cuadrados, estimado en 157.357.323 guaraníes, y un cuarto lote en la fracción Los Pinos I, de 420 metros cuadrados, valorado en 44.841.332 guaraníes.

Además de estas propiedades, Parra Colmán convenció a sus padres para que le cedieran dos vehículos y retiró una suma de 140 millones de guaraníes de las cuentas bancarias de los mismos. Estos fondos eran vitales para la subsistencia de sus padres, especialmente considerando sus necesidades médicas, según relatan los documentos de la Fiscalía. La imputación establece que la acusada no solo afectó a sus padres, sino que también despojó a su hermana, Mirian Celeste Parra Colmán, de su derecho a la herencia. Al haber transferido los bienes en vida, el patrimonio familiar quedó exclusivamente a nombre de María Lourdes, eliminando cualquier derecho de Mirian sobre estos activos.

Una vez concretada la transferencia de todos los bienes, los padres de María Lourdes intentaron recuperar su patrimonio. Al enterarse de que la supuesta deuda y el riesgo de embargo eran falsos, le solicitaron a la abogada que devolviera las propiedades. Sin embargo, esta se negó a devolver los bienes, provocando una ruptura familiar profunda y un perjuicio económico irremediable para sus padres, quienes quedaron sin acceso a los bienes que habían acumulado durante su vida.

MODUS OPERANDI

Según la investigación de la Fiscalía, Parra Colmán se aprovechó de la falta de conocimiento legal de sus padres y de la confianza que tenían en ella como abogada. Utilizó el pretexto de un embargo ficticio para infundir temor en sus padres, argumentando que la única forma de “proteger” su patrimonio era traspasándolo a su nombre. Aún más, la transferencia de los vehículos de sus padres se realizó a nombre de José Cándido Da Silva Neto, pareja de la imputada, quien también figura en la denuncia como parte del esquema de engaño y apropiación de bienes familiares. De este modo, la familia quedó sin ningún tipo de recurso legal inmediato sobre los bienes, situación que generó un deterioro en la estabilidad económica y emocional de los ancianos.

Además del traspaso de los inmuebles y vehículos, la imputada también indujo a sus padres a cederle el control de sus cuentas bancarias. Con ello, María Lourdes Parra Colmán tuvo libre acceso para vaciar las cuentas, retirando un total de 140 millones de guaraníes. Estos fondos eran vitales para la subsistencia de la pareja de ancianos y para costear los tratamientos médicos que requieren debido a su edad.

El equipo legal de las víctimas ha adelantado que buscará la pena máxima para la imputada, dado el impacto económico y emocional en sus clientes. La Fiscalía ha señalado que continuará reuniendo más evidencias para fortalecer el caso y garantizar que el proceso judicial avance de forma justa y expedita.

El caso ha generado un fuerte impacto, no solo por el hecho de que la acusada es una profesional del derecho, sino porque se trata de un caso de estafa familiar. María Lourdes Parra Colmán ocupaba, hasta este incidente, una posición respetada como abogada y docente, lo que ha generado decepción entre sus colegas y en la comunidad educativa.

La Clave