Esto revela la acusación de los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero contra la mencionada profesional y Mirtha Elizabeth Metel, dueña de la referida empresa, por el hecho punible de estafa, en el caso conocido como mafia de pagarés. Julio César Paiva, también propietario de la firma, se encuentra prófugo.

En fecha 08 de octubre de 2013 la señora Angela Mabel Zárate Ortigoza accedió a un crédito y firmó dos pagarés a favor de la firma Vanessa y Asociados S.A., por montos de gs. 3.360.000 y gs. 3.840.000, a ser pagados en 24 cuotas de gs. 160.000 y gs. 140.000, vía débito automático de sus salarios depositados en el Banco Nacional de Fomento, montos que fueron abonados en su totalidad y cancelados en fecha 23 de septiembre del año 2015.

Sin embargo, los representantes legales de Vanessa y Asociados, los señores Mirtha Elizabeth Metel y Julio Cesar Paiva entregaron los referidos pagarés a la abg. Zully Ortiz, para que la misma demandara su cobro vía judicial, pese a que ambas deudas documentadas en los pagarés, habían sido saldadas, incluso, por demás, mediante descuentos autorizados de los salarios de la señora Angela Zárate.

De esta forma, la abg. Zully Ortiz, actuando en representación de la firma Vanessa y Asociados, conforme el poder otorgado por la señora Mirtha Elizabeth Metel, el 07 de diciembre de 2020, promovió acción preparatoria de juicio ejecutivo, ante el Juzgado de Paz de Nueva Italia, a cargo de la jueza Norma Barrios, para lo cual, presentó los dos pagarés en cuestión, siendo fechados éstos el 5 de febrero del 2018.

En consecuencia, Juzgado de Paz de Nueva Italia dispuso el embargo ejecutivo de la cuenta perteneciente a la señora Ángela Zárate, por la suma de gs. 7.200.000 más gs. y 720.000 por gastos de justicia, por A.I. No. 570 del 3 de junio del 2021, librando el mandamiento respectivo, el cual fue cumplido por el oficial de justicia.

La patronal realizó el descuento de los salarios de la señora Angela Zárate, por un total de gs. 2.090.800, a raíz de lo cual, la misma tomó conocimiento de la demanda promovida en su contra y presentó escrito ante el juzgado de paz de Nueva Italia, a cargo de Norma Barrios, en fecha 23 de agosto del 2021, adjuntando su extracto de salarios a los fines de acreditar el descuento total de lo reclamado en los pagarés, oportunidad en que planteó la nulidad de actuaciones por defecto en la realización de la notificación y otras cuestiones.

En fecha 3 de setiembre del 2021, la abg. Zully Ortiz, actuando como representante de Vanessa y Asociados S.A., solicitó el finiquito del juicio “ya que el/la demando/a ha abonado la totalidad de lo reclamado incluyendo costos y costas, honorarios profesionales”; y el 6 de setiembre solicitó informe a contaduría sobre la cta. cte. judicial. Entre tanto, la señora Angela Zárate recusó a la jueza interina de Nueva Italia, Abg. María Esther Salinas en fecha 15 de setiembre de 2021; siendo remitidas las actuaciones al juzgado de paz de Villeta, a cargo de la jueza Beatriz Olga Morán Ávalos, lugar donde la misma peticionó el finiquito y el levantamiento del embargo ejecutivo, haciendo mención al escrito de la abg. Zully Ortiz, por el cual ésta había solicitado lo mismo; y, por AI No. 67 del  4 de octubre del 2021, la jueza Beatriz Olga Morán Ávalos declaró el finiquito del juicio fundado su decisión en la petición realizada por la parte actora y dispuso el levantamiento del embargo trabado; y, en fecha 20 de octubre del 2021, la citada magistrada emitió la orden de pago a favor de la señora Angela Zárate, por la suma de gs. 2.090.800, monto que se hallaba depositado en la cte. cte. judicial, como consecuencia de las sumas de dinero que el Instituto de Previsión Social (patronal de la demandada) había descontado de sus salarios.

Pese a la cancelación de la deuda, vía administrativa y luego, habiéndose constatado que la acción ejecutiva era improcedente, conforme se explicó,  nuevamente en fecha 5 de agosto de 2022, la abg. Zully Ortiz promovió un juicio ordinario de reconocimiento de crédito y cobro de guaraníes (atendiendo que la acción ejecutiva ya estaba prescripta), actuando otra vez como representante convencional de la firma Vanessa y Asociados, pero esta vez, ante el Juzgado de Paz de Benjamín Aceval, a cargo del juez Roberto Carlos Ferreira, valiéndose de los mismos pagarés presentados anteriormente ante el juzgado de paz de Nueva Italia, y, nuevamente con la acción instaurada, pretendió el cobro vía judicial que a esa altura, la misma ya sabía que estaba cancelada vía administrativa, lo que, incluso, motivó el finiquito del juicio de Nueva Italia.

El Juzgado de Paz de Benjamín Aceval,  a cargo del entonces juez Roberto Ferreira, al no ser contestada la demanda por la señora Ángela Zárate, declaró su rebeldía y llevó el proceso sin su intervención. Por su parte, la oficial de justicia Dea Ximena Ayala Ortiz, en cumplimiento al mandamiento de embargo ejecutivo emitido por el juez Roberto Ferreira, de fecha 26 de setiembre del 2022, en “día y hora hábil” se constituyó en IPS para trabar el embargo sobre los salarios de la señora Angela Zárate por la suma de gs. 7.200.000 más gs. 720.000 para gastos de justicia.

Posteriormente, en fecha 2 de octubre del 2023, la abg. Zully Ortiz solicitó al juzgado de paz la regulación de sus honorarios profesionales, en carácter de abogada y procuradora; así como el libramiento del embargo ejecutivo correspondiente.

Por S.D. n° 1573 del 19 de octubre del 2023, el juez de paz de Benjamín Aceval hizo lugar a la demanda por reconocimiento de crédito y cobro de guaraníes por la suma de gs. 7.200.000 más intereses; y por A.I. N° 4419 del 19 de noviembre del 2023, por la suma de gs. 1.800.000 más gs. 180.000 por IVA; llegándose a descontar de sus salarios, la suma de gs. 5.227.000 que fueron depositados en la cta. cte. judicial habilitada por el juzgado.

El 17 de enero del 2024, la señora Angela Mabel Zárate Ortigoza se presentó ante el juzgado de paz de Benjamín Aceval, al notar el descuento que se le estaba haciendo de sus salarios; y peticionó copias del expediente judicial.

Otra investigación, abierta en Fiscalía

La abogada Zully Ortiz García, tiene otra investigación penal en su contra, como abogada de la Asociación de Educadores Ovetenses. Fue denunciada, junto al exjuez de paz de Benjamín Aceval, Roberto Carlos Ferreira y funcionarios judiciales. La Fiscalía debe definir si presenta imputación o pide desestimación.

El Observador