El sistema judicial paraguayo enfrenta una crisis de credibilidad tras el sobreseimiento definitivo del senador Hernán Rivas, en una decisión cuya lógica jurídica es cuestionada por referentes del sector. El abogado Manuel Riera señaló que el fallo del tribunal, que argumenta la imposibilidad de juzgar el uso de un título falso si la causa por su producción ha prescrito, carece de sustento legal sólido. Riera explicó que el uso de un documento apócrifo es un hecho independiente que puede y debe ser probado en un juicio oral y público, sin importar el estado procesal de la fabricación del mismo.

La preocupación radica en que este criterio judicial podría paralizar futuras investigaciones sobre la producción de documentos no auténticos en diversas áreas. Según el profesional, permitir que la prescripción de la creación de un título blinde a quien lo utiliza actualmente para ejercer una profesión o acceder a cargos públicos genera un escenario de impunidad sistémica. Riera enfatizó que la Fiscalía tiene el deber legal y moral de interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia para revertir este fallo y evitar que se estandarice una interpretación errónea del derecho penal.

El protocolo de protección ante amenazas parlamentarias

En Espresso Informativo de La Tribu 650 AM, El hombre de leyes dijo que la supuesta coacción contra la fiscal Patricia Sánchez por parte de un legislador añade un componente de gravedad institucional al caso. Manuel Riera sostuvo que cualquier indicio de amenaza telefónica o amedrentamiento hacia un agente del Ministerio Público debe derivar en una investigación penal automática, incluyendo el cruce de llamadas. El abogado subrayó que, de confirmarse que un parlamentario intentó impedir el ejercicio de recursos legales, esto constituiría una violación flagrante a la independencia de poderes, lo cual ameritaría incluso un proceso de juicio político.

La necesidad de coraje en la función fiscal

La integridad del cuerpo de fiscales depende de la capacidad de la institución para resistir presiones externas. Riera recordó el sacrificio del fiscal Marcelo Pecci como el ejemplo más palpable de los riesgos que conlleva enfrentar a grupos de poder o estructuras criminales. En ese sentido, instó a los actuales representantes de la Fiscalía General del Estado a demostrar coraje y no permitir que la justicia sea dictada por quien “amenaza más fuerte”. La protección de los agentes debe ir acompañada de una persecución penal rigurosa contra quienes intenten subvertir el orden jurídico mediante el chantaje.

El mercado de títulos falsos y la seguridad jurídica

El caso del senador Hernán Rivas representa apenas la “punta del iceberg” de un esquema mucho más profundo que involucra a rectores, decanos y funcionarios del Ministerio de Educación. Riera advirtió que los inversionistas extranjeros monitorean estos procesos para evaluar la seguridad jurídica del país. Un sistema que no es capaz de castigar la falsificación de credenciales profesionales espanta la inversión y degrada el funcionamiento real de las instituciones. La resolución de este conflicto es clave para desmantelar las roscas de producción de títulos que operan con complicidad administrativa.

La Sala Penal como última instancia de control

La resolución final queda en manos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que tiene la atribución de analizar el proceso vía casación para unificar criterios. El abogado puntualizó que, al existir un sobreseimiento definitivo, se agotan las instancias ordinarias, habilitando este recurso extraordinario. Una rectificación por parte de la máxima instancia judicial permitiría reiniciar el juicio y establecer una jurisprudencia clara: el uso de documentos falsos es un delito autónomo que no puede quedar impune bajo el pretexto de causas accesorias prescritas, garantizando así la certeza jurídica para la ciudadanía.