El tribunal, integrado por los jueces Sonia Villalba, Cándida Fleitas y Fabián Weinsensee, resolvió enviar al condenado directamente al penal de Tacumbú. La investigación, a cargo de la fiscal Ruth Benítez, se inició con un reporte derivado del monitoreo en línea denominado CiberpatruIla, proveniente de los Estados Unidos, mediante el uso de una herramienta de “monitoreo de redes”.

A través de la extracción de datos, se constataron imágenes y videos de contenido sexual explícito con participación de menores de edad (de 5 a 14 años) en el teléfono celular, computadora y memoria externa incautados durante el allanamiento. En una notebook se encontraron 417 imágenes y 166 videos, todos con material de explotación sexual infantil, y en un disco externo 138 imágenes de menores de 14 años, teniendo en cuenta, por la imagen, el desarrollo corporal de las víctimas.