El abogado James Morris Balagia, en complicidad con la fiscal colombiana Bibiana Correa Perea y Chuck Morgan, investigador privado del estado de Florida, “estafaron a varios clientes durante años, bajo el argumento que podían lograr acuerdos favorables de fiscales y jueces por medio de pagos”, informó el fiscal interino estadounidense Nicholas Ganjei en un comunicado con fecha del 3 de mayo al anunciar la sentencia de 188 meses y la confiscación de bienes valorados en US$1,5 millones.

A cambio de más de US$1 millón en elevados “gastos de representación”, depositados en cuentas bancarias y gruesas sumas de dinero en efectivo, Balagia y su red de cómplices aseguraban a sus clientes —catalogados como un selecto grupo de narcotraficantes colombianos que enfrentan cargos criminales en Texas— que podían sobornar a funcionarios del gobierno estadounidense para lograr una reducción de sus sentencias o el cierre definitivo de los casos.

Los fiscales del Distrito Central de Texas imputaron a Balagia en 2016 y lo detuvieron al año siguiente. Luego de un juicio de dos semanas, en octubre de 2019, un jurado lo declaró culpable de cinco cargos penales, los cuales contemplaban conspiración para lavar dinero y fraude electrónico y para sabotear la Ley Anticapos (Kingpin Act), que niega acceso a narcotraficantes internacionales y sus cómplices al sistema financiero estadounidense.

Sin que sus clientes pudieran enterarse, Balagia nunca tenía contacto con funcionarios del gobierno ni pagaba sobornos, en lugar de eso se llenaba sus bolsillos con el dinero que recibía. “Por fortuna para él, esos narcos optaron por entregarlo a la [Oficina Federal de Investigaciones] en lugar de resolver el problema por otra vía”, comentó el fiscal estadounidense Joe Brown durante la lectura del veredicto de culpabilidad.

Ambos colaboradores de Balagia se declararon culpables y fueron sentenciados en 2018. Correa Perea fue condenada a siete años en una prisión federal, mientras que a Morgan se le dictó una sentencia de seis años.