«El sistema fiscal paraguayo está persiguiendo inocentes, por cumplir funciones como funcionarios del Estado y denunciar con documentos hechos de corrupción», expresó primeramente el abogado Felino Amarilla.

Posteriormente, Enrique Kronawetter manifestó que con esta nota le harán saber al titular de la Organización de los Estados Americanos la situación real de este proceso. Así también, es una oportunidad para quienes van a elegir a los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que estén pendientes de este proceso, según indicó el letrado.

Por su parte, Jorge Rolón Luna sostuvo que por haber hecho su trabajo, analizado y denunciado reportes de operaciones sospechosas que les llegaban “sin pedir”, señalando que lo acercaban entidades bancarias, ellos (sus clientes) indagaron y siguieron la ruta del dinero. “Hoy están afrontando una causa fiscal por eso», añadió el abogado.

“Queremos que lo sepan todos los actores presentes (en la Asamblea General de la OEA). El crimen organizado no podría existir sin un sistema de lavado de activos. Los técnicos más formados con una foja más que impecable están fuera de la institución (Seprelad)”, advirtió Rolón Luna.

A continuación, la nota in extenso.

Asunción, 27 de junio de 2024

A propósito de las declaraciones del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en el marco de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se lleva a cabo en esta ciudad, que ha manifestado que el crimen organizado se ha transformado en el principal violador de los derechos humanos en la región, afectando la vida, la libertad, las condiciones y los derechos económicos, sociales y culturales de la gente, afectando sus condiciones básicas de vida. En su intervención enfatizó que al Crimen Organizado se lo enfrenta con más democracia, con instituciones más fuertes y con mayor cooperación internacional, agregando que, si no hay cooperación internacional, eliminando las instituciones porque no están funcionando, se está yendo por el camino equivocado.

La República del Paraguay se sitúa en el cuarto lugar del Índice Global del Crimen Organizado, junto a México y Colombia, y por encima del Congo.

Notamos que el Ministerio Público se ha debilitado institucionalmente y se encuentra por ende ante el peligro de ser cooptado por organizaciones criminales.

Hoy día, la Fiscalía ha generado una inicua persecución penal hacia funcionarios que en cumplimiento de su deber, denunciaron, o en su caso, remitieron informes oficiales al Ministerio Público, sobre personas, empresas y estructuras vinculadas a la delincuencia trasnacional organizada y al lavado de dinero proveniente de la misma; penosamente, el órgano de persecución penal tuvo una llamativa parálisis que le impidió impulsar las investigaciones sobre los hechos denunciados.

Así las cosas, sobre la base de una contaminada investigación la Fiscalía procedió a la imputación del ex Presidente de la República Mario Abdo Benítez, asimismo, a ex miembros de su gabinete y funcionarios técnicos pertenecientes a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, todos procesados en una causa plagada de irregularidades, que ha levantado voces de alerta en el plano internacional, donde numerosos exjefes de Estado de Latinoamérica señalaron que «se necesita que la Fiscalía extreme la claridad de su actuación y despeje cualquier duda sobre orientaciones represivas y sesgadas».

En dicha causa, se ha comprobado que el Agente Fiscal principal, Aldo Cantero, fungía de secretario del abogado Pedro Ovelar, patrocinante del denunciante, -el ex Presidente Horacio Cartes-, quien ordenaba, vía WhatsApp, las diligencias que debían realizarse, establecían modificaciones y alteraciones de las mismas, cumpliendo el Agente Fiscal Cantero a cabalidad con las demandas propuestas por el abogado patrocinante de Horacio Cartes, hechos comprobados fehacientemente y que tuvieron una amplia difusión mediática.

A pesar de esta genuflexa actuación fiscal, el Fiscal General del Estado se limitó a separar del caso a los fiscales, negándose a abrir una investigación de oficio.

Antes estas circunstancias y la nula reacción del Fiscal General del Estado, hemos denunciado formalmente a los fiscales Cantero y Grisetti por la comisión hechos tipificados como prevaricato, sin embargo, hasta la fecha el fiscal asignado para la investigación no ha impulsado acciones contundentes para profundizar y esclarecer la conducta desplegada por sus colegas.

Es importar poner en destaque que entre los imputados están los funcionarios técnicos de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, y el ex Ministro Carlos Arregui, -quienes lograron que Paraguay apruebe la evaluación de Gafilat, evitando el ingreso a la lista gris, siendo el Ministerio Publico la institución con la calificación más baja en la puntuación nacional.

También se ha dado amplio acceso al cuaderno de investigación fiscal al denunciante, en contra de la postura reciente y recurrente del Fiscal General del Estado, de que el denunciante y víctima no pueden acceder a la misma y tienen derechos limitados. Incluso se le negó al propio Senado de la Nación las actuaciones fiscales, en el marco del proceso constitucional de desafuero, requerido por los propios fiscales.

El control sobre el Ministerio Publico por parte del poder de turno, compromete la independencia judicial. Un sistema judicial influenciado o controlado, no puede actuar como un árbitro imparcial de la ley, lo que erosiona la confianza pública en la justicia y permite la impunidad para aquellos en el poder, principalmente quienes tienen vínculos y conexiones con el crimen trasnacional organizado.

Las declaraciones del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, resultan considerablemente oportunas, más aun teniendo en cuenta que Paraguay, como Estado sede de la Asamblea General, ha elegido el lema: «Integración y Seguridad para el Desarrollo Sostenible de la Región».

Finalmente, no puede haber integración ni seguridad donde el crimen organizado opera con absoluta impunidad, socavando la integridad de las instituciones, enviando un mensaje negativo para quienes se atrevan a hacerles frente, -con riesgo incluso de sus propias vidas-, utilizando a las instituciones de persecución penal como canal para perseguir a quienes tuvieron la osadía de investigarlos.