“La finalidad del presente documento es llenar una ausencia de políticas públicas de abordaje a la situación de adicción de nuestra población, en su mayoría jóvenes, por la capacidad limitada de un único centro de carácter público y la falta de un ente rector especializado que se encargue de la habilitación, supervisión y cancelación de centros de tratamiento y rehabilitación que incumplan estándares de derechos humanos”, reza parte del documento.

Según explicaron los integrantes del estamento, fueron remitidos unos pedidos de informes a diversas instituciones, tales como la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD); la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO); y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), sobre el particular.

Las respuestas a estos pedidos de informes recomendaban el rechazo del documento, de acuerdo a las explicaciones vertidas. Fuente: Diputados