La misma indicó que los organismos anticorrupción del gobierno deben llegar al fondo de la cuestión, a partir de la presunción de que el intento de estafa al Estado, puede implicar a muchos actores que están en la esfera pública.

“USD 7 millones equivalen a la compra de 600.000 dosis de vacuna Covid hoy y serviría para inmunizar a toda la capital de la República hoy azotada por el Covid, serviría para comprar materiales e insumos hospitalarios, ambulancias”, expresó la legisladora Vallejos.

PETROPAR DEBE RESPONDER

El entonces Procurador Sergio Coscia y el titular de Petropar,. Denis Lichi, no comunicaron (según ellos) al presidente de la República Mario Abdo, sobre el acuerdo secreto con Texos.

Coscia admitió esa “omisión de informe” al mandatario, y fruto de ello presentó su renuncia, después de hacerse público el escándalo.

Por su parte Lichi está investigado por la Secretaría Nacional Anticorrupción, que le formuló los datos que debe poner a disposición del ente, en torno al caso.

En la petición menciona que debe decir si estaba en conocimiento del acuerdo, si informó a instancias superiores sobre el tema, si cual fue el argumento para rechazar consejo de la asesoría jurídica de Petropar, que pidió no firmar el acuerdo con Texos, entre otros puntos.