La mujer dijo al tribunal que perdió contacto con su hijo el 8 de febrero, alrededor de las 14:00, poco después de ocurrido el rapto de la niña en el centro urbano del distrito de Minga Guazú. Sin embargo, al responder a su abogado defensor en el mismo acto, confirmó que se comunicó con Héctor Eduardo siendo las 18:00 del mismo día, cayendo en sus primeras contradicciones. Aseguró que nada tiene que ver con los hechos investigados y, de antemano, intentó deslindar su responsabilidad adelantando el pedido de su representante legal para una eventual absolución de culpa y pena.

A su turno, el comisario Javier Flores, entonces jefe de investigación criminal, quien encabezó el grupo de agentes que ubicó los restos calcinados de la niña, en su testimonial, echó por tierra cualquier intento de apartar a la mujer como sospechada de las investigaciones. Flores, al rememorar el momento de ingresar a la vivienda-granja de los acusados, dijo que “en su vida vio algo semejante” y refirió a una suerte de altar donde se realizaban presuntos actos satánicos al mando de la mujer.

Las agentes fiscales Vanesa Candia y Estela Mary Ramírez empezaron a sostener su teoría de los hechos, apuntando a madre e hijo como autores materiales. “Las pericias técnicas, cuyos resultados serán presentados en el estadío procesal oportuno, demostrarán con creces las atrocidades cometidas contra la niña”, dijeron. La pericia de los celulares demuestra que los aparatos de los dos acusados se encontraban bajo la misma antena al momento de la incineración de la pequeña víctima, que fue previamente sujetada de manos con el USB de uno de los cargadores de teléfono. Ratificaron que buscarán la máxima pena para los responsables del atroz acto.