Los funcionarios penitenciarios enfrentan cargos por frustración de la persecución y ejecución penal y liberación de presos, previstos en los artículos 292 y 294 del Código Penal.

Se trata de Pedro Arnaldo López Martínez, Benicio de Jesús Romero Aguilar, Ariel Gustavo Mareco Benítez, José Carlos Alfonso Torres y Jonathan Nicolás Barúa Chamorro.

Según la investigación, la fuga de ocho internos se produjo tras una serie de irregularidades cometidas por los funcionarios, quienes trasladaron a los reclusos del módulo 8 hasta el sector denominado Soleado, y los dejaron fuera del horario permitido, en abierta violación al protocolo de seguridad del Ministerio de Justicia.

Los internos son Marcio Quadra Caetano, Blas Pablo Melgarejo Benítez, alias Chopale; Wilson Darío Rotela Coronel, Derlis Ramón Giménez, Juan Insfrán, Fredy González Delvalle, Fernando Aquino y Anderson Queiros de Freitas. Solo algunos fueron recapturados.

Las cámaras de circuito cerrado registraron que aparentemente los agentes colocaron grilletes como candado en las celdas y proporcionaron previamente a los internos llaves genéricas para facilitar la apertura. Luego abandonaron la zona de vigilancia sin aplicar controles, lo que permitió a los reclusos forzar los grilletes, abrir las demás celdas y escapar.

El escape se concretó alrededor de las 20:00, cuando los internos subieron al techo, treparon la muralla, descendieron por un ducto de agua y finalmente huyeron utilizando telas y sábanas como cuerdas improvisadas. El encargado de monitoreo de CCTV tampoco dio aviso oportuno de lo ocurrido.

La Fiscalía sostiene que las grabaciones, los celulares incautados y los testimonios de al menos 16 funcionarios constituyen indicios suficientes para sustentar la acusación.

Por ello, solicitó al Juzgado Penal de Garantías Nº 3 la elevación de la causa a juicio oral y público, a fin de que los acusados enfrenten el proceso por facilitar la fuga.