El abandono familiar y la desprotección institucional de personas en situación de dependencia se consolida como una problemática silenciosa, pero profundamente alarmante, que afecta a los sectores más vulnerables de la población. La cifra total de causas ingresadas se desglosa en 737 denuncias en 2024 y 303 más en lo que va del 2025, reflejando una persistencia en los patrones de violencia y desamparo.

Central lidera el ranking con 486 causas ingresadas, seguido de Asunción con 150. Luego se ubican Alto Paraná (58), Itapúa (48), San Pedro (40) y Caaguazú (40), concentrando entre todos el 79 % de las denuncias presentadas en el país durante los últimos 17 meses.

Estos datos, analizados por el Observatorio del Ministerio Público, reafirman la necesidad de políticas públicas específicas para la protección efectiva de personas adultas mayores y personas con discapacidad, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas.

Un estudio realizado durante 2023 —a partir del análisis de 82 causas seleccionadas entre las 558 ingresadas entre enero y noviembre de ese año— permitió caracterizar el perfil de las personas afectadas: el 90 % de las víctimas fue abandonado en su propia vivienda y el 10 % en espacios públicos. Además, el 59 % eran hombres y el 41 %, mujeres.

En cuanto a su estado de salud, el 42 % padecía enfermedades graves, el 37 % sufría de patologías crónicas y el 21 % tenía alguna discapacidad. Más de la mitad de las víctimas (57 %) no podían valerse por sí mismas, y el 43 % presentaba enfermedades neurológicas.

Los principales responsables del abandono fueron los propios hijos e hijas (59 %), seguidos por hermanos y padres (11 % cada uno), madres (9 %) y, en menor medida, cónyuges y sobrinos (5 % respectivamente).

Formas de abandono y señales de alerta

La investigación identificó seis tipos de abandono: físico, social, económico, por rechazo, parcial y total. Asimismo, se expusieron señales de alerta que pueden indicar abuso o negligencia: desnutrición, mala higiene, ansiedad, depresión, caídas frecuentes, signos de intoxicación por medicamentos, pérdida de autoestima, desorientación, amenazas de abandono, entre otros.

La mayoría de los casos involucran adultos mayores que no tienen ingresos propios, viven en condiciones precarias y dependen completamente de sus familiares o cuidadores, quienes —en muchos casos— incumplen con su obligación de protección.

Este tipo de violencia tiene efectos devastadores: deterioro físico, aislamiento social y emocional, y en los casos más graves, la institucionalización forzada o la situación de calle.

La ley y la responsabilidad penal

La figura penal de «violación del deber de cuidado» está tipificada en el artículo 227 del Código Penal Paraguayo, que sanciona con hasta tres años de prisión o multa a quien «violara gravemente su deber legal de cuidado de personas ancianas o discapacitadas».

Aunque se trata de un delito con baja penalidad, las consecuencias sociales y humanas son profundas. Desde el Ministerio Público se insiste en la necesidad de crear conciencia y fortalecer los mecanismos de detección, prevención y asistencia para los adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

El desafío, advierten desde la institución, es lograr que este tipo de denuncias no solo lleguen a los estrados judiciales, sino también que generen respuestas efectivas desde el Estado y la sociedad.

El Observador