El legislador, en su carácter de presidente del Frente Parlamentario de Lucha contra la Tuberculosis, sostuvo que los altos niveles de contagio convierten a las cárceles en “focos activos” de una enfermedad prevenible y curable.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud y organismos internacionales, una persona privada de libertad tiene hasta 30 veces más probabilidades de contraer tuberculosis que alguien en libertad.

El problema se agrava por factores estructurales como el hacinamiento —que en algunos casos supera el 300%—, la falta de ventilación, diagnósticos tardíos y la interrupción de tratamientos.

Vera Bejarano mencionó que penitenciarías como Penitenciaría Nacional de Tacumbú, así como centros en Ciudad del Este y San Pedro, presentan condiciones propicias para la rápida propagación de la enfermedad.

Advirtió además que la situación trasciende los muros de las cárceles, ya que también expone a funcionarios, visitantes y comunidades cercanas.

El parlamentario remarcó que se trata no solo de una crisis sanitaria, sino también de un problema de derechos humanos, recordando que el Estado es responsable de garantizar la vida y la salud de las personas privadas de libertad.

Ante este escenario, anunció una serie de medidas, entre ellas un plan de intervención de 90 días en los penales más críticos, la presentación de un proyecto de ley de emergencia sanitaria penitenciaria, acciones para reducir el hacinamiento y programas de protección para agentes penitenciarios.

“La tuberculosis tiene cura. Lo que no tiene cura es la indiferencia”, expresó el legislador al insistir en la necesidad de una respuesta política urgente.