“Exigimos recuperar nuestro beneficio y modificar la Ley 6873, que es el clasificador de presupuesto del Ministerio de Hacienda. Lo que nosotros reclamamos son derechos adquiridos y no reclamamos un nuevo presupuesto, es un derecho que tenemos ya ganado”, dijo Rosalía Jiménez, agente penitenciaria, en entrevista con el programa “A punto”, del canal GEN – Nación Media.

Relató que se trata del subsidio familiar que venían percibiendo desde hace tres años y que ahora fue recortado por las autoridades, lo cual les afecta bastante teniendo en cuenta que con el mismo compraban alimentos para sus familias. “Nos tocan la parte más sensible que es la canasta familiar y es muy triste lo que están haciendo con nosotros”, explicó.

Manifestó que dan un plazo de 15 días al Gobierno para resolver este pedido que vienen arrastrando desde hace meses y que los afecta bastante; en caso de que no obtengan una respuesta favorable, los trabajadores irán a una huelga general. “Le damos al gobierno cinco días para resolver esto y otros cinco días para otros tratamientos, por lo que unos quince días iríamos a la medida de fuerza”, confirmó.

Relató que una huelga general de los funcionarios a nivel país generaría mucho caos y destrozos, atendiendo a la calidad y cantidad de personas con las que están trabajando, además de la peligrosidad que estos representan para la sociedad. “No quisiéramos llegar a eso porque conocemos de lo que son capaces la calidad de personas que manejamos”, refirió.

Cabe destacar que otro es que se realicen las reparaciones en cuanto a infraestructura, ya que se cuenta con el presupuesto y hasta ahora no se dio ninguna rendición de cuentas sobre el mismo. Aclaró que son varios los centros de reclusión que necesitan de reparación urgente, ya que apeligran la vida de los internos y trabajadores penitenciarios.