La unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía, encabezada por el agente Néstor Coronel, allanó el jueves por segunda vez las oficinas del intendente de Tomás Romero Pereira, Isidro Tomás Rivas, padre del senador Hernán Rivas.
El objetivo era recolectar pruebas documentales para constatar el rosario de denuncias que presentó la Junta Municipal en 2024 sobre la existencia de empresas de "maletín" y el presunto desvío de fondos sociales, entre otros hechos punibles. Lo cierto es que el paso dado por Coronel pone a Rivas contra las cuerdas.
Desde 2022, el intendente viene esquivando con éxito los intentos de la Junta para conseguir la intervención de la comuna. Ahora, tras el último allanamiento del Ministerio Público, el legislativo municipal se prepara para reflotar el pedido de intervención presentado al Ministerio del Interior en junio de 2024 y así avanzar en la destitución de Rivas.
"Una cosa son las denuncias que realizamos en 2022, 2023 y 2024, que son aparte de los pedidos de intervención que también hicimos. Las denuncias están corriendo, por eso vinieron los fiscales. Los pedidos de intervención son dos. El segundo fue el 5 de junio de 2024 y sigue en proceso", dijo a LPO Adalberto Caballero, titular de la Junta de Tomás Romero Pereira.
El contralor Camilo Benítez.
El último pedido de juicio político fue en 2023. En aquella oportunidad, Hernán logró que su padre fuera blanqueado por el partido de gobierno y que la denuncia quedara archivada. Actualmente existe otra solicitud que duerme en los cajones del despacho del ministro del Interior, Enrique Riera, el responsable de remitir a la Cámara de Diputados el análisis de los méritos para la intervención.
La semana pasada, la Contraloría General de la República dio a conocer una serie de inconsistencias en las respuestas proporcionadas por Rivas sobre su administración, una situación que hoy lo ubica en la antesala de una potencial intervención.
Una cosa son las denuncias que realizamos en 2022, 2023 y 2024, que son aparte de los pedidos de intervención que también hicimos. Las denuncias están corriendo, por eso vinieron los fiscales. Los pedidos de intervención son dos. El segundo fue el 5 de junio de 2024 y sigue en proceso
Entre los puntos a ser investigados por los fiscales están las supuestas obras fantasma en la comuna. En este sentido, el Ministerio Público dispuso la verificación de 27 estanques, puentes y caminos que deberían contar con ripio. Las sospechas recaen en proyectos sin ejecutar y empresas de "maletín", las cuales habrían sido beneficiadas con desembolsos de los contribuyentes.
Enrique Riera, ministro del Interior.
Otra de las denuncias tiene que ver con la construcción de un puente de hormigón en el barrio La Pilarense, por el cual se pagaron más de G. 360 millones a la firma Delgado Neher, representada por el concejal cartista de Hohenau, Humberto Delgado Zorrilla. Las investigaciones revelaron que en la obra se usaron maquinarias del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de la comuna.
También está en la mira de la Fiscalía el contrato con la empresa Videl SA de Benigno Villasboa Cáceres para la provisión de kits de alimentos para pobladores de escasos recursos. Los beneficiarios debían recorrer 600 kilómetros ida y vuelta para retirar la ayuda que contiene arroz, aceite, harina, sal y otros víveres en Carapeguá, departamento de Paraguarí.
La posible intervención se da en medio de una puja entre el senador Juan Afara, aspirante a ocupar la Junta de Gobierno de la ANR, y el senador Hernán Rivas, quienes ya impulsan a sus propios precandidatos para la campaña municipal de 2026.
LPO



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