La diligencia se ejecutó con apoyo de agentes policiales y en cumplimiento de una orden judicial, con el objetivo de asegurar documentación y otros elementos relevantes para la pesquisa.

Según la investigación del Ministerio Público, el procedimiento apuntó a recolectar evidencias documentales como expedientes, planillas y soportes contables que permitan verificar si existieron cobros irregulares a estudiantes o la confección de certificados y constancias con contenido falso o adulterado. Señalaron que las pruebas incautadas serán sometidas a peritajes y análisis que aporten luz sobre la eventual participación de funcionarios o intermediarios.

La intervención fue desarrollada con discreción, pero con la presencia de personal especializado, a fin de asegurar la cadena de custodia de los documentos. En este caso, la Fiscalía investiga si hubo cobros efectuados al margen de las normas y si se produjo documentación que pudiera respaldar trámites fraudulentos, conducta que, de confirmarse, podría derivar en imputaciones por delitos contra la administración pública y falsificación de documentos.

Allanan UNICAN por presunta producción de documentos de contenido falso