La exdirectora Carmen Alonso, principal figura cuestionada, salió al paso de las imputaciones con declaraciones que enfatizan la existencia de registros digitales y voluntarios, al tiempo que atribuye el escrutinio a disputas internas.

«Es muy difícil que haya un respaldo documental, lo que sí existe es un software que se había creado para responder a la solicitud de los medicamentos», sostuvo Alonso, aludiendo a los desafíos logísticos de la emergencia sanitaria. 

En la misma línea, defendió la trazabilidad de los fondos: «Las facturas existen, no en un 100%, pero todo lo que se pudo recolectar por voluntarios en los 10 hospitales que cubrimos durante la pandemia, sí están». Y añadió con convicción: «Todo se puede corroborar (…) Todo está en el sistema».

Alonso también apuntó a motivaciones políticas detrás de la pesquisa: «Pasaron 2 años. Eso es otro aspecto y que creo que es el motivo principal: Cuando existe una voz disidente y que cuestiona dentro de la Junta de Gobierno». Pese a ello, mostró disposición al proceso judicial: «A mí me parece bien que se investigue y que se aclare todo lo que se tenga que aclarar».

El allanamiento, ordenado por la Fiscalía Anticorrupción, busca incautar evidencias sobre la adquisición y distribución de insumos valorados en millones de guaraníes. Alonso, quien lideró la Diben entre 2020 y 2022, enfrenta denuncias por supuesta falta de controles.