Este documento surge tras un caso emblemático en Loma Merlo, Luque, donde se detectó la venta de agua de cañería embotellada como agua mineral, lo que evidencia la falta de controles efectivos, según detalló el legislador Miguel Del Puerto.

La propuesta legislativa establece medidas concretas como el registro obligatorio de embotelladoras y distribuidores ante INAN, ERSSAN e INTN; certificaciones técnicas anuales basadas en análisis de laboratorios acreditados; inspecciones periódicas no anunciadas; y muestreos mensuales conforme a estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

También exige etiquetado claro con información sobre el tipo de agua, su origen y análisis recientes, además de un registro público digital para transparentar los datos de operadores certificados y sanciones.

El proyecto contempla sanciones como multas, decomisos, suspensión temporal o cierre definitivo para quienes comercialicen agua sin certificación, falsifiquen resultados o incumplan la normativa.

Para su implementación, se prevé la coordinación entre INAN, ERSSAN e INTN, con un plazo de 180 días para la entrada en vigor tras su publicación y 90 días para su reglamentación por el Poder Ejecutivo.