La imputación fue presentada sobre la base de indicios suficientes de la presunta comisión del hecho punible de tráfico ilícito de armas, previsto en la Ley Nº 4036/2010 “De Armas de Fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines”, además del hecho punible de asociación criminal, en carácter de coautores.

En el marco de la causa, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de los imputados y el bloqueo de sus cuentas bancarias, atendiendo a la gravedad de los hechos y el riesgo de obstrucción a la investigación. La denominada “Operación Andina II” fue ejecutada por agentes de la Dirección General de Investigación Criminal y Crimen Organizado Nacional y Transnacional de la Policía Nacional, con allanamientos simultáneos en las ciudades de San Antonio y Capiatá, donde fueron incautadas diversas evidencias relevantes.

Entre los objetos decomisados se encuentran equipos de minería de criptomonedas, teléfonos celulares, computadoras, documentos de transferencias financieras y una caja fuerte, que serán sometidos a peritajes técnicos. Las investigaciones señalan que uno de los detenidos habría comercializado directamente armas de fuego, mientras que otras habrían sido transferidas mediante empresas de fachada, con fines de ocultamiento de las operaciones ilícitas.

Como resultado de los procedimientos, se abrieron tres causas penales distintas, todas relacionadas con los mismos hechos, aunque con diferentes niveles de responsabilidad según el grado de participación de los integrantes de la red criminal.

Finalmente, la Fiscalía ordenó el embargo y bloqueo de todos los bienes y valores pertenecientes a los imputados, incluyendo dinero en bancos, cooperativas y entidades financieras. También dispuso la remisión de oficios a la Dirección General de los Registros Públicos, el Registro del Automotor, la Superintendencia de Bancos del BCP y el INCOOP, para la inmediata aplicación de las medidas cautelares en todo el sistema financiero.

En el marco de la Operación Andina II, días atrás las autoridades llevaron a cabo allanamientos simultáneos en las localidades de San Antonio y Capiatá, donde resultaron detenidas cuatro personas implicadas presuntamente en la venta irregular de armas de fuego a organizaciones criminales del Brasil.

Según datos del caso, los sujetos investigados habrían operado mediante empresas de fachada, reclutando jóvenes con pocos recursos para figurar como responsables de compañías que servían para recibir y remitir armas hacia el exterior. En la investigación preliminar se estima que unas 8.000 armas podrían haber sido trasladadas al Brasil y que los últimos envíos rondarían los 3.500 ejemplares.

Los operativos fueron ejecutados con la participación de fiscales de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, coordinados con la Dirección General de Investigación Criminal y Crimen Organizado Nacional y Transnacional, quienes incautaron entre otros elementos teléfonos celulares, computadoras, documentos de transferencias monetarias y una caja fuerte.