Álvarez sostuvo que los documentos rotos no eran contratos formados, como inicialmente se había señalado, sino «proyectos de contratos» y otros papeles que carecían de firmas y sellos. Según explicó, su defendida no tenía conocimiento de la intervención fiscal y, cuando le solicitaron la documentación destruida, colaboró entregando copias que volvió a imprimir.
El abogado evitó precisar los motivos por los cuales Benítez decidió romper los papeles. Afirmó que todavía no pudo reconstruir lo ocurrido y señaló que su defendida se encontraba emocionalmente afectada.
También aclaró que no tenía conocimiento de quién era el jefe inmediato de la funcionaria ni de una eventual orden para destruir la documentación.
Por su parte, el fiscal Federico Leguizamón confirmó que Benítez prestó declaración y realizó algunas manifestaciones sobre los hechos que se le atribuyen. Indicó que la funcionaria reconoció haber destruido los papeles y que posteriormente volvió a imprimirlos y los entregó a las autoridades.
Sin embargo, el representante del Ministerio Público precisó que el material recuperado no estaba compuesto por contratos, sino por correos electrónicos e informes internos. En total, la Fiscalía recibió 23 fojas que contienen comunicaciones entre distintas casas de bolsa e información sobre operaciones de compra y venta de valores.
Uno de los puntos centrales de la investigación es la aparición del nombre del expresidente de la República, Santiago Peña, en parte de la documentación destruida. Consultado al respecto, Leguizamón confirmó que el nombre del mandatario fue identificado en los papeles recuperados.
El fiscal explicó que los informes y correos electrónicos hacen referencia a movimientos de compra y venta de valores vinculados a Basa Holding, Credicentro y otras operaciones comerciales relacionadas con las casas de bolsa.
También señaló que los registros corresponden a impresiones de correos del año 2025 y que contienen otros nombres y direcciones de correo electrónico entre sus destinatarios
