Dicho proyecto pretende establecer un marco normativo integral para la cooperación, intercambio de información y articulación entre las autoridades nacionales e internacionales, departamentales, municipales y órganos coadyuvantes, en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas.

Además, establece la creación del Registro Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, donde estarían asentados los datos de todas las personas desaparecidas.

El órgano estaría a cargo del Ministerio del Interior, como responsable de la aplicación de la ley; y se encargaría de la sistematización y centralización de la información; articulación técnica interinstitucional; y promoción de políticas públicas referentes a la prevención y mejoramiento del mecanismo de búsqueda de las personas desaparecidas.

El diputado Rodrigo Blanco, uno de los principales proyectistas, sostuvo que la trata de personas; el tráfico de niños y de órganos; el abuso infantil; el microtráfico; entre otros, son cuestiones que hoy en día atormentan a las personas.

Agregó que una asociación de familias con integrantes desaparecidos apoya este proyecto y acompañó el proceso de estudio, así como las instituciones involucradas en el tema.

A su turno, el titular de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, Pedro Ortízñu, brindó apoyo al documento y pidió incluir dos instituciones más a la comisión que sería creada, lo cual fue aprobado.

Mencionó al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y al Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

La legisladora Rocío Vallejo también expresó acompañamiento y enfatizó que es evidente la falta de respuestas por parte de las autoridades ante los casos de desaparición de personas.

No obstante, recalcó que las diversas instituciones carecen de los recursos necesarios.

El plenario finalmente aprobó la normativa con las modificaciones sugeridas y otorgó media sanción. Fuente: Diputados