La crisis de ueno bank empieza a generar cuestionamientos que trascienden el ámbito financiero y alcanzan directamente a la administración de los recursos públicos. La Asociación Rural del Paraguay (ARP) expresó su rechazo al proyecto de ley que plantea ampliar la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para devolver la totalidad de los fondos estatales depositados en la entidad bancaria, al considerar que la medida trasladaría las consecuencias de decisiones ajenas al conjunto de los ahorristas del sistema financiero.
A través de un comunicado divulgado este miércoles, el gremio rural pidió al Congreso Nacional rechazar la iniciativa y mantener la finalidad original del fondo, creado para proteger los depósitos de los clientes bancarios dentro de los límites establecidos por la legislación vigente. La organización aclaró que respalda el pago inmediato a los pequeños ahorristas de ueno bank, pero considera improcedente utilizar los recursos remanentes para cubrir íntegramente las colocaciones de instituciones públicas.
La ARP advirtió que una ampliación excepcional de la garantía terminaría socializando las pérdidas generadas por la crisis de la entidad. Esto significa que los recursos aportados por el sistema financiero, destinados a proteger los ahorros de miles de ciudadanos y productores, podrían utilizarse para absorber el perjuicio derivado de decisiones administrativas y financieras que deben ser investigadas. "El fondo de garantía es de los ahorristas, no para cubrir el perjuicio ocasionado por Ueno", sostuvo la asociación.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la concentración de recursos públicos en la entidad intervenida, particularmente los correspondientes al Instituto de Previsión Social (IPS), las cajas jubilatorias y otras instituciones estatales. Para el gremio, esas colocaciones no fueron decisiones automáticas, sino el resultado de determinaciones adoptadas por autoridades y administradores que deben responder por la exposición de esos recursos. "Los fondos del IPS, de las cajas jubilatorias y de las entidades del Estado no llegaron solos a Ueno. Alguien decidió concentrarlos allí", remarcó.
En esa línea, la organización sostiene que la recuperación del dinero público debe buscarse mediante la identificación de los responsables y la ejecución de sus bienes, en lugar de recurrir al patrimonio colectivo del Fondo de Garantía. A criterio de la ARP, utilizar el mecanismo de protección de depósitos para cubrir las pérdidas institucionales no resuelve el origen del problema y, además, puede terminar diluyendo las responsabilidades de quienes participaron en las decisiones cuestionadas.
El pronunciamiento también advierte sobre el precedente que podría establecerse para el sistema financiero paraguayo. Si se habilita una cobertura extraordinaria para garantizar la totalidad de los depósitos públicos, se modificaría el alcance de un instrumento concebido para proteger a los depositantes bajo reglas previamente establecidas. Para el sector productivo, esa excepción podría debilitar la confianza en el sistema y trasladar a los ahorristas el costo de futuras decisiones equivocadas sobre la administración de fondos institucionales.
La postura de la ARP se suma a los cuestionamientos expresados por otros sectores empresariales, entre ellos la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), que también pidió preservar la finalidad del Fondo de Garantía y diferenciar la atención urgente a los pequeños depositantes de la recuperación de los recursos previsionales y estatales. Mientras el Congreso analiza las alternativas legislativas, el debate se concentra en quién debe asumir las pérdidas de la crisis bancaria y hasta dónde pueden comprometerse los recursos colectivos para cubrir decisiones tomadas por administradores públicos y privados.
