El 31 de enero, cuatro oficiales de alto rango de la policía del estado de Bolívar, Venezuela, fueron detenidos por presunta participación en extorsión, entre otros delitos. El mismo día, el ministro de petróleo Tareck El Aissami anunció en Twitter la captura del fiscal superior de Delta Amacuro, acusándolo de contrabando de combustible.

Ambas capturas se dieron en el marco de la operación Mano de Hierro, que anunció el 28 de enero el superintendente nacional antidrogas Richard López Vargas.

Según el comunicado oficial de Vargas, fue el mismo presidente Nicolás Maduro quien ordenó la operación, la cual comenzó con miembros del gobierno implicados en narcotráfico. Las detenciones incluyeron a dos diputados de la Asamblea Nacional, los representantes por Zulia, Taína González, y por Táchira, Luis Viloria Chirinos, así como la alcaldesa del municipio de Jesús María Semprún, en Zulia, Keyrineth Fernández. Ellos, y un colombiano, fueron acusados de facilitar el transporte de drogas desde la región fronteriza con Colombia hasta el puerto de La Guaira, puntualizó Vargas.

Desde entonces, se ha publicitado la operación Mano de Hierro como una campaña anticorrupción. Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), declaró en una conferencia de prensa que el partido es “absolutamente intolerante con la corrupción”.

Destacó el hecho de que los políticos acusados de narcotráfico fueron expulsados automáticamente del PSUV y que no habría impunidad.