El ataque más reciente se conoció la mañana del 26 de enero, cuando hombres armados abrieron fuego contra José Ignacio Santiago Martínez, director de Pluma Digital Noticias, cuando conducía por la autopista Yosonicaje-Tlaxiaco, en el estado de Oaxaca, al sur de México, según anunció la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en un comunicado oficial.

Martínez se salvó por un pelo. Los guardias armados que lo acompañaban, como parte de su inclusión en el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, lograron repeler la emboscada. Pero estos mecanismos no siempre funcionan según lo planeado.

El 17 de enero, el fotorreportero Margarito Martínez fue acribillado saliendo de su casa en la ciudad fronteriza de Tijuana, como lo informó la Fiscalía General del estado de Baja California en un comunicado. Al igual que su colega de Oaxaca, Martínez había denunciado que temía por su vida y fue remitido al mecanismo de protección para periodistas. No le sirvió de mucho.

Pocos días después, el 23 de enero, Lourdes Maldonado López también fue asesinada en la puerta de su casa en Tijuana, a pesar de la aparente protección oficial, como lo confirmó en una declaración pública la gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar. En marzo de 2019, Maldonado viajó a Ciudad de México para asistir a la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Allí, le dijo directamente al presidente que “temía por su vida” y le solicitó protección. Esta nunca llegó.

Aunque se ha dedicado mucha atención a Tijuana, por la seguidilla de asesinatos de alto perfil, la violencia contra el gremio de periodistas se ha extendido a todo México este año.

A comienzos de enero, el reportero José Luis Gamboa fue muerto a puñaladas en el estado de Veracruz, en el Golfo de México. No había pasado una semana, cuando el periodista Jaime Vargas Chablé fue herido de la misma forma por atacantes que irrumpieron en su casa, en el estado de Yucatán, aunque no se precisó si el ataque tenía relación directa con su trabajo. Otro periodista en el municipio Buenavista de la Salud, estado de Guerrero, quedó atrapado entre el fuego cruzado de duros enfrentamientos con armas de fuego mientras esperaba por más de una hora que las fuerzas de seguridad respondieran.

La violencia vivida este mes desató protestas masivas en docenas de ciudades de México, país que ha ocupado de manera consistente el primer lugar como uno de los más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo, de acuerdo con el análisis del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que hace seguimiento a los ataques contra la prensa.