“Yo creo que debe ser la única causa en donde no se presentó una salida alternativa, por eso como no había un pedido de parte de estas personas para una salida alternativa realice la acusación”, dijo.

“Si ellos nos solicitan como en los más de 3.000 causas que ingresaron al Ministerio Público por la violación de la cuarentena, yo no puedo solicitar por ellos”, refirió.

Explicó que de acuerdo a la ley 716 se exponen a una sanción de pena privativa de libertad de 6 a 18 meses y una multa 100 a 500 jornales mínimos.

María Esther Roa es referente de la organización Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache (CACE), y Juan Galeano Grassi es empresario gastronómico. Los mismos fueron imputados por supuesta violación de la cuarentena sanitaria luego de formar parte de la caravana contra la corrupción.