Una funcionaria del Instituto de Previsión Social (IPS) denunció haber sido desvinculada de su cargo tras no asistir al cumpleaños del gobernador Juancho Acosta, en lo que considera un acto de represalia. Según su relato, el evento, realizado meses atrás, fue presentado como obligatorio para los trabajadores, con advertencias de posibles consecuencias para quienes no acudieran.

El contrato de la trabajadora venció recientemente, y aunque esperaba su renovación, fue notificada de que no continuaría en el cargo. La afectada asegura que esta decisión está directamente vinculada a su ausencia en la celebración.

Mensajes y advertencias

La funcionaria reveló que, previo al evento, recibió mensajes en un grupo de WhatsApp institucional donde un superior mencionaba que los empleados que no asistieran al cumpleaños deberían “asumir las consecuencias”. Este tipo de advertencias generó incomodidad entre varios trabajadores, aunque algunos optaron por acudir al festejo para evitar represalias.

Reacciones del caso

La desvinculación ha generado indignación en círculos laborales y sociales, donde se denuncia un abuso de poder y violación de derechos laborales. Gremios de trabajadores del IPS y defensores de derechos humanos han solicitado una investigación transparente sobre el caso.

“Es lamentable que en pleno siglo XXI, un trabajador pueda ser castigado por no participar en eventos que no tienen relación con sus funciones laborales. Esto pone en riesgo la dignidad y la autonomía de los empleados públicos”, señaló un representante sindical.

El silencio de las autoridades

Hasta el momento, ni el gobernador Juancho Acosta ni las autoridades del IPS han ofrecido declaraciones oficiales. Por su parte, la trabajadora evalúa llevar el caso ante la justicia para que se investigue si su desvinculación responde a razones laborales legítimas o si, como asegura, fue una represalia personal.

Implicaciones legales

De comprobarse la denuncia, expertos señalan que este caso podría constituir un abuso de poder, además de vulnerar principios éticos y legales que rigen la función pública. También plantea interrogantes sobre la transparencia en los procesos de contratación y renovación de contratos en instituciones públicas.

El caso ha reabierto el debate sobre las prácticas en el sector público paraguayo y la necesidad de garantizar mecanismos que protejan a los trabajadores de represalias injustas, promoviendo un ambiente laboral basado en el mérito y no en favores personales.

Fuente: Radio Imperio