El contrabando de medicamentos controlados, anabolizantes y productos farmacéuticos hacia territorio brasilero se intensificó en los últimos meses, y las autoridades detectan un patrón preocupante: estudiantes de medicina son utilizados como “mulas” por redes que operan con presunta complicidad de grandes empresas distribuidoras y cadenas de farmacias de la zona fronteriza.

Uno de los casos más recientes ocurrió en la mañana del lunes, cuando agentes de la Receita Federal, en conjunto con la Policía Federal del Brasil, incautaron una importante carga de medicamentos en la Aduana del Puente Internacional de la Amistad.

Los productos —valuados en más de R$ 300 mil (aproximadamente G. 400 millones)— estaban ocultos en el compartimiento de la rueda de auxilio de un vehículo con matrícula brasilera, conducido por una joven brasileña, estudiante de medicina en Paraguay. Entre los productos decomisados se encontraban anabolizantes, medicamentos para la diabetes —como el Ozempic, altamente demandado en Brasil como diurético, aunque no recomendado médicamente para tal uso— y otros fármacos sin registro en la ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil). La estudiante fue arrestada y puesta a disposición del Ministerio Público Federal bajo cargos de contrabando y delitos contra la salud pública, previstos en el artículo 273 del Código Penal, con penas de hasta 15 años de prisión.

NEGOCIO MILLONARIO CON RESPALDO POLÍTICO

De acuerdo con fuentes vinculadas a las investigaciones, detrás de este esquema millonario estaría operando una red estructurada, que incluiría a distribuidoras como X Treme Import-Export, vinculada a la política colorada Odila Báez y su hijo Juan Ramírez. Esta firma tendría el monopolio en la importación de anabólicos en Paraguay, gracias a una acción judicial de inconstitucionalidad promovida ante la Corte Suprema de Justicia, que habría limitado la competencia de otras empresas en el rubro.

La exclusividad en la importación de este tipo de productos genera un circuito cerrado de distribución, donde cadenas de farmacias comercializan los medicamentos a precios de mercado, y estos luego son adquiridos por intermediarios para su traslado ilegal a Brasil. El Ozempic, por ejemplo, se ofrece en “plumas inyectables” sin receta ni control adecuado, y forma parte de los productos más contrabandeados.

Los estudiantes de medicina se convirtieron en los principales ejecutores de este tráfico. Con frecuencia cruzan la frontera con pequeños cargamentos, lo que dificulta su detección inmediata. Muchas veces, alegan desconocer la ilegalidad de los productos transportados o aseguran que son para uso personal, aunque los volúmenes evidencian una clara intención comercial.

La facilidad con la que se consiguen medicamentos de uso restringido en Ciudad del Este, sumado al alto valor de reventa en Brasil, convierte a esta práctica en una fuente rápida de ingresos para quienes participan, aunque con graves riesgos legales y consecuencias sanitarias.

Este fenómeno no solo revela la debilidad del control sanitario y aduanero en la frontera, sino también la preocupante connivencia entre el negocio farmacéutico, la política y redes delictivas transnacionales. La falta de regulación real, el abuso de acciones judiciales para asegurar monopolios, y el uso de estudiantes como transportadores obligan a una respuesta coordinada entre Paraguay y Brasil. De continuar sin controles efectivos, este negocio clandestino no solo generará pérdidas fiscales y fomentará la competencia desleal, sino que también pondrá en grave riesgo la salud pública en ambos países.