La inspección practicada al cuerpo del bebé permitieron a los peritos descartar rastros de violencia física como causa directa de la muerte. Si bien la hipótesis médica de los forenses apunta a una broncoaspiración, la agente fiscal Mirian Santos precisó que los estudios continuarán para determinar de forma concluyente el motivo del fallecimiento.

Durante una entrevista con los medios, la fiscala destacó que las acciones penales se centrarán en la severa vulneración de los derechos del niño y la negligencia familiar.

De acuerdo a su relato, tras el deceso, la comitiva del Ministerio Público se constituyó en la vivienda de la víctima, donde constató una precariedad severa. La fiscala comprobó que el pequeño vivía rodeado de suciedad y desprotección, condiciones inapropiadas para la crianza de un recién nacido, conviviendo además con otros cuatro hermanos menores de edad que también fueron sometidos a inspecciones médicas.

La investigación fiscal confirmó que la madre del bebé es adicta a sustancias estupefacientes, condición que fue ratificada de manera oficial mediante un examen de toxicología realizado en el marco del procedimiento.

A este cuadro de vulnerabilidad se sumó la indocumentación del niño, quien solo disponía de un certificado de nacido vivo, y de la propia progenitora, por lo que las autoridades dispusieron la entrega del cuerpo a la abuela.

Ante las evidencias levantadas en la escena y los antecedentes médicos, la representación fiscal tipificó preliminarmente la conducta de los padres bajo la figura de violación del deber del cuidado y exposición al peligro.

La investigación penal sigue abierta para recabar los informes toxicológicos e histopatológicos finales del laboratorio forense.