Más de 1.100 familias resultaron afectadas, según los datos difundidos en el reporte de la emergencia. El avance del agua obligó a numerosas personas a abandonar sus casas y trasladarse a albergues temporales, entre ellos polideportivos de instituciones educativas públicas. Otras familias buscaron refugio en viviendas de parientes o recurrieron al alquiler para ponerse a salvo.

El último balance publicado por medios locales, con datos del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), registraba 3.144 personas evacuadas hasta el 17 de octubre: 746 permanecían en albergues temporales y otras 2.398 se habían trasladado a casas de familiares o viviendas alquiladas. La cifra evidencia la dimensión social de una crecida que afecta especialmente a los sectores asentados en zonas bajas. 

Refugios, ayuda y ollas populares

En los albergues, los damnificados reciben colchones, abrigos y alimentos distribuidos por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), con apoyo de otras instituciones. La asistencia busca cubrir las necesidades básicas de las familias mientras persisten las inundaciones y no pueden regresar a sus hogares.

A la respuesta institucional se suma la solidaridad de los propios pobladores. Las familias comparten tareas, preparan ollas populares y colaboran con quienes atraviesan mayores dificultades para conseguir alimentos y sostener la vida cotidiana fuera de sus casas.

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY), la Gobernación de Misiones, la Municipalidad y otros organismos participan en las tareas coordinadas por el COE. El operativo incluye evacuaciones, acondicionamiento de refugios, entrega de víveres y atención sanitaria. También se desplegaron voluntarios para colaborar con la preparación de comidas y el traslado de personas y pertenencias. 

Sin embargo, la emergencia deja al descubierto las dificultades que enfrentan las familias cuando pierden temporalmente el acceso a sus viviendas, sus pertenencias y sus espacios habituales de convivencia. Para quienes debieron abandonar sus hogares, la prioridad inmediata es contar con protección y alimentos, pero la preocupación de fondo es cómo evitar que la próxima crecida los encuentre nuevamente en la misma situación.

Reclaman una franja costera y viviendas nuevas

Entre los afectados crece el pedido de una solución estructural que permita reducir la exposición de los barrios ribereños a las inundaciones. Los pobladores reclaman la construcción de una franja costera y cuestionan las promesas políticas que, según manifiestan, no se tradujeron en respuestas definitivas.

Algunas familias plantean directamente la necesidad de acceder a viviendas nuevas, en lugares seguros y con condiciones adecuadas para desarrollar sus actividades cotidianas. El reclamo apunta a superar la lógica de evacuar, asistir y esperar que baje el río para luego regresar a zonas que vuelven a quedar expuestas ante nuevas crecidas.

La discusión no se limita a la infraestructura de protección. También involucra la planificación urbana, la ubicación de los asentamientos, el acceso a viviendas seguras y la continuidad de las políticas públicas destinadas a las comunidades vulnerables.

La actual contingencia vuelve a poner estas demandas en primer plano, mientras las familias enfrentan la incertidumbre de no saber cuándo podrán regresar a sus casas ni en qué condiciones encontrarán sus pertenencias.

La bajante ofrece un respiro, pero persiste la alerta

En medio del panorama, el nivel del Paraná registró un leve descenso y llegó a los 6,34 metros, de acuerdo con el reporte proporcionado. La disminución representa un alivio momentáneo para los afectados, aunque no garantiza que el peligro haya terminado.

Los pronósticos de nuevas lluvias en la cuenca alta del Paraná desde el miércoles mantienen la preocupación por un posible repunte del caudal. La evolución dependerá de las precipitaciones y del comportamiento del río durante los próximos días.

La situación exige mantener las medidas de prevención, el monitoreo hidrológico y la asistencia a las familias que continúan fuera de sus hogares. En paralelo, los damnificados insisten en que la respuesta no puede agotarse en la emergencia: reclaman medidas que reduzcan su vulnerabilidad y eviten que cada nueva inundación vuelva a poner en riesgo sus viviendas y su seguridad.

Mientras continúan las tareas de asistencia, Ayolas enfrenta así dos urgencias: atender a quienes hoy necesitan refugio y avanzar hacia soluciones habitacionales duraderas para una población que vuelve a sufrir las consecuencias de la crecida del Paraná.