El presidente del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez, se había comprometido votar a favor de la iniciativa siempre que se incorporen los ajustes propuestos por los educadores.

Hasta el momento no existe certeza sobre cuáles serán exactamente las modificaciones que se incluirán en el dictamen final de la comisión. El encuentro, que contó también con la presencia del ministro de Educación, Luis Ramírez, y autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, buscaba establecer una mesa técnica para consensuar los puntos más conflictivos del proyecto antes de su tratamiento en el pleno, previsto para el 25 de marzo.

Pese a las señales de apertura al diálogo por parte del legislativo, desde la Unión Nacional de Educadores (UNE) advirtieron que todo está por verse y que las medidas de fuerza no serán levantadas del todo. Si bien el ministro de Educación ratificó que las clases comenzarán el 23 de marzo, los gremios se mantendrán en vigilia permanente y que no bajarán la guardia hasta que sus reclamos sean atendidos.

"En cualquier momento podemos declarar un paro. Mañana tenemos una asamblea y discutiremos cómo actuaremos en lo que queda de días antes de que se trate de nuevo el proyecto", dijo uno de los dirigentes, lo que refleja la tensión que persiste en el sector educativo pese a la instalación de la mesa de diálogo.

El proyecto de reforma de la Caja Fiscal, impulsado por el Ejecutivo como una medida necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional, obtuvo media sanción en Diputados a principios de febrero con 41 votos a favor. El texto aprobado establece, para los sectores del magisterio, docentes universitarios y magistrados, el requisito de 57 años de edad y 25 años de aporte para acceder a la jubilación ordinaria, con tasas de sustitución de entre 70% y 85%.

Si hemos planteado la postergación en su momento para tener una versión mejorada es porque tenemos la intención de hacerlo, de debatirlo. Yo no voy a ser partícipe de ningún circo, no me voy a prestar a una sanción ficta.

Para la jubilación extraordinaria, se fija una edad mínima de 55 años y 30 años de aporte, con una tasa del 70%, mientras que para las Fuerzas Públicas se establecen como mínimo 25 años de servicio y 57 años de edad, con tasas similares. El MEF valoró positivamente la versión aprobada, ya que los ajustes introducidos configuran un esquema con efectos similares a los previstos en la propuesta original del Ejecutivo.

La conformación de la mesa técnica responde a la solicitud de los propios legisladores y los líderes de los gremios docentes, que buscan lograr un acuerdo en base a los planteamientos realizados durante las últimas semanas. Ovelar explicó que la primera reunión se centró en definir la metodología de trabajo y que el plazo establecido, hasta el 25 de marzo, permitirá desarrollar varias reuniones más para intentar acercar posiciones.

"Si hemos planteado la postergación en su momento para tener una versión mejorada es porque tenemos la intención de hacerlo, de debatirlo. Yo no voy a ser partícipe de ningún circo, no me voy a prestar a una sanción ficta", afirmó el legislador, despejando los temores de los gremios sobre una posible aprobación exprés del proyecto.

Durante la reunión, los representantes de los docentes solicitaron acceder a informes detallados del Ministerio de Economía sobre la cantidad de educadores mayores de 50 años próximos a jubilarse, así como a los cálculos actuariales que justifican los parámetros propuestos. Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), planteó la necesidad de establecer un cronograma de trabajo con al menos tres o cuatro reuniones adicionales antes del estudio de la iniciativa en el pleno.

La propuesta central de los educadores es que el régimen jubilatorio sea escalonado conforme a los años de aporte y que no existan límites rígidos en torno a la edad, sobre todo cuando el promedio de jubilación en el sector docente es de 52 años.

El Ministerio de Economía, por su parte, ya había advertido previamente sobre el impacto financiero que podría generar cualquier modificación que reduzca la edad de jubilación sin ajustes compensatorios. Según un análisis actuarial presentado ante los docentes de la Universidad Nacional de Asunción, la reducción de la edad mínima de retiro implica simultáneamente menos años de contribución al sistema y un mayor período de percepción del beneficio, lo que eleva el costo actuarial del régimen.

LPO