“El reporte de indicios de hechos punibles CGR Nº 53 es insuficiente, al no consignar hallazgos que representen la existencia -en concreto- de un detrimento al patrimonio del Instituto de Previsión Social, motivo por el cual, el Ministerio Público, como órgano encargado de la persecución penal, no puede continuar el ejercicio de esta…”, enfatizó Machuca. Por otro lado, en Fiscalía insisten en que las autoridades de la previsional, presidida por Jorge Brítez y la dirección jurídica a cargo de José González, llamativamente no proveyeron suficientes elementos (¿omisión?). Se habla de contubernio para la impunidad de este descomunal robo.

Existen fuertes rumores de que el poder económico habría estado detrás de la desestimación de la denuncia de la Contraloría de este colosal perjuicio al Instituto de Previsión Social. Se dice que un exlegislador, muy cercano al titular del Ministerio Público, habría estado operando fuertemente para lograr este blanqueo. Sin embargo, lastimosamente no se tiene ninguna prueba e esta sospecha, que no va más a ello de eso, pero la gente tiene derecho a conjeturar cuando se desestiman esta tipo de causas.

Si bien es la fiscal adjunta, Soledad Machuca la que ratificó el pedido de desestimación realizada por los fiscales Jorge Arce, Luis Piñánez y Néstor Coronel, no puede deslindar responsabilidad el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, como cabeza de la institución, que según nuestra Constitución representa a la sociedad. Sin embargo, con este tipo de postura, más bien se convierte en aliado de presuntos delincuentes de guantes blanco, que habría robado al IPS.

El contralor general, Camilo Benítez, antes de conocerse este dictamen, declaró a radio Ñanduti, que llama la atención el apresuramiento de la fiscal para desestimar la grave denuncia. Refirió que la misma se debió investigar más a fondo y no pedir el archivo con base a averiguaciones superficiales.

AUTORIDADES DEL IPS

En el Ministerio Público, se defiende alegando que las autoridades del IPS, presidida por Jorge Brítez y como director Jurídico, José González, no aportaron elementos suficientes para abrir una investigación penal. Se puede entender, que estas autoridades habrían tenido una tibia actuación en cuanto al impulso de la investigación, lo cual habría contribuido a la impunidad del caso.

Las autoridades del IPS deberían ser las primeras en elevar su voz de protesta ante semejante impunidad, si no lo hacen, la ciudadanía puede presumir y con razón que encubren el asqueroso blanqueo.

Los asegurado y jubilados deberían manifestarse y exigir al Ministerio Público que investigue a fondo las denuncias del perjuicio al IPS. Hace años se viene denunciando la mafia en la previsional, pero hasta ahora no se individualizó ni castigo a los ladrones de guante blanco, que roban la plata de los jubilados y asegurados.

El Observador