"Hay corredores que se han establecido, y estos corredores están en el lado norte y sur (de Bolivia), entonces, a partir de estas detecciones ya se tiene que planificar las operaciones, precisamente, de detección, interceptación y lógicamente de hacer todo el trabajo para obligarlo a aterrizar en el aeropuerto más cercano", explicó en Bolivia Tv.

Los 13 radares de última tecnología están emplazados en 22 sitios estratégicos de Bolivia y demandaron una inversión de 196 millones de euros. Siete son de uso militar y seis de uso civil, y forman parte del Sistema Integrado de Defensa y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta).

En enero empezaron a operar parcialmente y lograron la detección de vuelos irregulares de aeronaves con matrícula inexistente o sobrepuesta. Las Fuerzas Armadas están a cargo de esta tarea de control de vuelos ilegales o irregulares.

Los aviones K-8, bajo administración de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), serán los responsables de la interceptación. En el Ministerio de Defensa se ultiman los detalles del protocolo de actuación, a través de un decreto.

La detección e interceptación se regirán bajo estándares internacionales, al igual que el excepcional derribo. El derribo se dará en caso de que las aeronaves sospechas o ilegales se consideren "hostiles", porque no hacen caso a los órdenes de aterrizaje y pongan en riesgo la seguridad del avión de intercepción.

"Hay un protocolo que se refiere y genera algún tipo de reacción que pone en riesgo a la nave que hace la persecución", explicó y aclaró que el contenido del protocolo estará inscrito en un decreto.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía estarán en tierra para activar los operativos cuando una aeronave sea obligada a aterrizar.

Mientras los radares civiles serán utilizados por instituciones como el servicio de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y otras, para controlar el tráfico aéreo comercial.