“¡Basta! Yo firmo”, se llama la campaña que busca reunir 1,5 millones de firmas. El Tribunal Supremo Electoral otorgó los libros para la recolección de las firmas que, según la ley, se realizará por 90 días.

“Es tiempo de que todos los bolivianos formen parte de esta cruzada para reformar esta justicia”, dijo Juan del Granado, abogado y exalcalde de La Paz. Por su parte, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, monseñor Ricardo Centellas, explicó que desde la Iglesia católica se "está apoyando para que se pueda hacer el referéndum en Bolivia y se llegue a hacer realidad la transformación de la justicia".

Seguidores del líder opositor y gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho se arrodillan durante una protesta en una barricada en Santa Cruz, Bolivia, el 3 de enero de 2023.

El senador Luis Adolfo Flores, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), calificó a la campaña de “cuentos” y sostuvo que en la Asamblea Legislativa se iniciará a fines de marzo la preselección de candidatos para las elecciones judiciales previstas para fin de año.

La reforma de la justicia es uno de los reclamos de la oposición y grupos civiles críticos del presidente oficialista Luis Arce que surgieron de cabildos convocados tras la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Camacho fue enviado preventivamente por cuatro meses a una cárcel el 30 de diciembre mientras se lo investiga por presunto terrorismo, acusado por el régimen del MAS.

El gobernador de Santa Cruz -motor económico de Bolivia- Camacho, líder de la plataforma opositora Creemos, es investigado por el régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales, que le acusa a través de la Fiscalía por su posible participación en la crisis política que asoló Bolivia en 2019, tras el fraude electoral cometido por Evo Morales, que se autoproclamó ganador de los comicios presidenciales, lo que provocó protestas. Morales renunció al cargo, huyó del país, y desde el exterior incitó a la violencia, de acuerdo con investigaciones periodísticas.

Posteriormente la entonces senadora opositora Jeanine Áñez asumió la presidencia en forma interina. Áñez también fue enviada a la cárcel por presunto terrorismo y posteriormente juzgada y condenada por ejercer el cargo de acuerdo con la Constitución de ese país, algo que el régimen del MAS ha ignorado.

En paralelo, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó al país para verificar el avance de las recomendaciones de un grupo interdisciplinario de expertos sobre la crisis de 2019. Los expertos responsabilizaron al gobiernos de Morales por la violencia que derivó en masacres, torturas, ejecuciones sumarias y graves violaciones de los derechos humanos.

FUENTE: Con información de AP