La adhesión de Chile a esta carta, impulsada tras la Conferencia de Naciones Unidas sobre el desarrollo Sostenible celebrada en 2012, fue planteada por el primer Gobierno del conservador Sebastián Piñera (2010-2014) pero no fue desechada durante su segundo término en le Palacio de la Moneda (2018-2012) por presiones de la industria y la minería.