Se estima que el movimiento financiero involucrado en este esquema supera los R$ 1,2 mil millones.

En total, 25 órdenes de aprehensión preventiva, seis órdenes de aprehensión temporal y 52 órdenes de búsqueda e incautación están cumplidas en tres países: Brasil, Estados Unidos y Paraguay. Es importante resaltar que el principal objetivo del operativo, Diego Hernán Dirísio, aún no ha sido encontrado por las autoridades.

Según la Policía Federal, Dirísio es considerado el mayor contrabandista de armas de Sudamérica, cinco personas involucradas en el crimen fueron arrestadas en Brasil y otras once en Paraguay.

El Tribunal de Bahía, responsable de conducir el operativo, determinó que los sospechosos que se encuentran fuera del país sean incluidos en la lista roja de Interpol, con vistas a su extradición a Brasil si son capturados.

La investigación se inició en 2020, cuando se incautaron pistolas y municiones en el interior de Bahía. A las armas encontradas se les quitaron los números de serie, sin embargo, con pericias realizadas por la Policía Federal se logró obtener información crucial para avanzar en las investigaciones.

Luego de tres años de investigación, la cooperación internacional entre los países involucrados resultó en la identificación de un argentino, dueño de la empresa IAS, con sede en Paraguay, como el principal responsable de la compra de pistolas, rifles, ametralladoras y municiones a fabricantes ubicados en países como Croacia, Turquía, República Checa y Eslovenia.

De acordo com a PF, entre novembro de 2019 e maio de 2022, a empresa de Dirísio importou um total de 7.720 pistolas da Croácia, além da compra e venda de 2.056 fuzis produzidos na República Tcheca e mais cinco mil rifles, pistolas e revólveres fabricados en Turquia. Además, se importaron 1.200 pistolas de una fábrica eslovena. En total se identificaron 16.669 armas adquiridas mediante este esquema criminal.

Una vez compradas las armas, fueron enviadas a facciones criminales brasileñas, especialmente en São Paulo y Río de Janeiro . Las investigaciones revelaron la participación de cambistas y empresas fantasma en Paraguay y Estados Unidos.

Según G1 , uno de los principales objetivos de la investigación fue el general Arturo Javier González Ocampo, exjefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Paraguaya. Intercepciones telefónicas autorizadas por la justicia captaron a empleados de la empresa IAS, propiedad de Diego Hernán Dirísio, en conversaciones pidiendo al general que intercediera ante la DIMABEL, el organismo militar responsable del control de armas.

El objetivo era ubicar a personas de confianza del esquema dentro de la DIMABEL para facilitar la operación del tráfico de armas. El general fue detenido por las autoridades paraguayas, quienes también allanaron su residencia.

Además, las investigaciones revelaron indicios de corrupción y tráfico de influencias al interior de la Dirección de Material Bélico (DIMABEL), organismo encargado de monitorear y autorizar el uso de armas en Paraguay.

Según el informe de G1 , el papel de los empleados era asegurar que el nombre de Dirísio no estuviera relacionado con las armas incautadas en Brasil, ofreciendo “cobertura” a sus actividades ilícitas. Durante el operativo fueron detenidas María Mercedes, considerada una de las principales vendedoras de armas del IAS, y Elaine Marengo.