La máxima instancia judicial señaló que deben ser los propios miembros de la Cámara de Apelación los que estudien la impugnación del camarista Paublino Escobar Garay contra la inhibición de su colega José Waldir Servín, quien tras tener el expediente un mes se inhibió alegando cercanía y amistad con la jueza imputada.

«En la presente causa se ha inhibido un solo miembro del órgano de alzada, y de las constancias obrantes en autos no existe evidencia de que los demás miembros restantes no puedan constituir mayoría; por tanto, se cumple la normativa antes plasmada, siendo así evidente que esta Sala Penal no puede entender en la presente impugnación de inhibición», señaló el ministro Manuel Ramírez Candia en su voto como preopinante.

El expediente fue recibido por la Alzada el 24 de junio para resolver la apelación subsidiaria promovida por la defensa contra la providencia que fijó la audiencia de imposición de medidas. Sin embargo, recién el 3 de agosto, más de un mes después, el camarista José Waldir Servín Bernal se excusó de intervenir alegando que mantiene una relación de amistad y familiaridad con la magistrada procesada, quien fue su alumna y actualmente es muy allegada a su familia.

A finales de agosto, el camarista Escobar impugnó la inhibición arguyendo que su colega se limitó a invocar la existencia de una relación de amistad, sin precisar cuáles son las circunstancias verificables que permitan determinar que dicha relación podría comprometer su imparcialidad en el desarrollo de la causa.

El trámite de la impugnación lleva casi 100 días de demora a causa de este conflicto de integración del tribunal.

La magistrada está imputada por producción de documentos no auténticos. Entre los procesados se encuentran la exactuaria judicial de Curuguaty, Schirley Irala; el asistente fiscal de Coronel Oviedo, Fredy Rolón; y el exmagistrado Mario Brítez. Asimismo, fue imputado como cómplice un funcionario del Archivo del Consejo de la Magistratura, mientras que un funcionario de la Escuela Judicial fue señalado como presunto instigador.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, los investigados habrían utilizado copias adulteradas de certificados académicos, constancias de formación continua y documentos de especialización con el propósito de obtener mayores puntajes en los concursos convocados por el Consejo de la Magistratura y así mejorar sus posibilidades de integrar ternas para cargos en el sistema de justicia.

Uno de los documentos cuestionados sería un certificado de especialización en Derecho Procesal Penal expedido por la Universidad Privada del Este, originalmente otorgado a otra profesional y posteriormente modificado con los datos personales de distintos postulantes.