«La medida dispuesta se halla conforme a las garantías para la imputada y ha tenido su consentimiento en la audiencia respectiva, asumiendo la obligación de cumplirla en la dirección indicada; por ello, su intención de modificarla no procede», refirió la Cámara en uno de los votos.

Los imputados, según la investigación, habrían actuado irregularmente a través del sistema online y de seis locales físicos distribuidos en el país, causando con ello un perjuicio al erario público, consistente en la percepción de un canon referencial, pero no actualizado.