Después de ser emplazado por un juez por 24 horas, a entregar las documentaciones requeridas sobre los préstamos y las deudas con los proveedores de insumos y las farmacéuticas, el IPS envió ayer a la Contraloría, dos camiones repletos de cajas y cajas de biblioratos.

Sin embargo, recusó al magistrado José Trovatto, por considerar “raro” su proceder, ya que los papeles solicitados fueron entregados “en su mayoría”.

“Si la contraloría o un Juzgado exigen la documentación, esta se debe entregar en tiempo y forma, y con la mejor predisposición. Los asegurados no pueden ser rehenes de luchas políticas o incumplimientos administrativos”, señala el pronunciamiento de la Capasu.

Agrega que, los compromisos de pagos a proveedores se deben honrar inmediatamente para que a los usuarios no les falte los medicamentos e insumos.

“Como grandes aportantes al IPS, exigimos que la transparencia y el servicio al asegurado, sean los elementos ordenadores en el Consejo Directivo”, expresa el comunicado.

La Contraloría General de la República iniciará una auditoría de los informes remitidos por el IPS y verá si finalmente están completos para poder concluir la evaluación.

A través de una ley sancionada con intenso lobby Arnaldo Samaniego y del oficialismo colorado, el IPS está autorizado a contraer préstamos para cubrir una deuda de unos 260 millones de dólares con proveedores. La legislación establece que el pago se hará mediante la quita de hasta el 5 % anual del Fondo de Salud y Maternidad, actualmente deficitario.

Lo que la Contraloría solicita es la documentación sobre las líneas de crédito obtenidas hasta el momento y acerca de la deuda acumulada con las farmacéuticas , además de lo que se abonó hasta el momento.