Ante el pedido de suspensión, la jueza Garcete reprogramó la audiencia para el próximo 3 de julio.

El parlamentario fue acusado el 12 de noviembre de 2018 por supuesto tráfico de influencia por la fiscal Liliana Alcaraz, quien pidió su juzgamiento público y oral. Desde esa fecha, recurrió a varias chicanas para trabar la diligencia.

“Lo que pueda él (Carlos Portillo) decir en medios periodísticos no tiene relevancia, lo cierto y lo concreto es que esta causa se tiene que debatir en un juicio oral y público. Por esa razón el Ministerio Público formuló una imputación porque sostenemos que tenemos un caso que debe ser debatido en un juicio oral y público”, expresó la agente fiscal Liliana Alcaraz.