Pese a las graves evidencias en su contra, relatadas con lujo de detalles por la fiscalía del Brasil, HC persiste en la postura de llevar detrás de sí a toda la estructura de la Justicia y las demás instituciones de la República, en una jugada sumamente riesgosa para el futuro del país.

Los abogados de Horacio pueden armar todas las argucias seudo legales con tal de defender a su cliente por miles o millones de dólares, pero que les den manija quienes deben poner orden y legitimidad en los negocios de la Nación paraguaya, ya es otra cosa.

Comenzando por la actitud pusilánime de la fiscalía general a cargo de Sandra Quiñónez, que tuvo que esperar la orden del “Patrón” para empezar a “informarse” de las apabullantes pruebas sobre la implicancia de Cartes, cuando era presidente de la República y después, en la protección y financiación al prófugo de la justicia paraguaya y brasileña, Darío Messer.

En cualquier otro país serio del mundo, lo mínimo que se podría haber esperado de su fiscalía es la actuación de oficio, como manda la misma ley del Ministerio Público, ante las evidencias de graves atropellos a los fundamentos mismos del Estado paraguayo, como es la confirmación de que la narcopolítica está tomando todo el engranaje de la política criolla.

Y para vergüenza de la misma fiscala general, tuvo que ser la justicia del país vecino la que viniera a aportar las contundentes pruebas del “liderazgo” del “patrón del quincho” en el esquema del mecanismo armado por décadas para convertir al Paraguay en quizás la mayor lavandería de dinero negro del hemisferio occidental.

Juicio político a Sandra

La amenaza del juicio político que pende sobre Sandra Quiñónez es la consecuencia lógica de su inutilidad o de su complicidad con quien le dio el cargo antes de retirarse de la presidencia de la República. Resulta lo mínimo que puede sucederle a la titular del Ministerio Público, después del encubrimiento grosero a HC.

Es que no puede quedar con riesgo de impunidad el severo daño infligido a la imagen del país por HC, si se deja en manos de la misma fiscalía de Quiñónez la dirección de la investigación fiscal y el posible blanqueo posterior, que sería como una estocada final al derecho que tiene el Paraguay de aparecer ante el mundo como liberado del aparatoso esquema montado por el dúo Cartes-Messer para sus impunes operaciones de lavado de dinero sucio, ahora puestas en evidencia por la justicia brasileña.

Como una demostración que la fiscalía del Brasil no está siendo fantasiosa demás, como cacarean los defensores del “Patrón”, la Justicia de Estados Unidos también se adhirió al festival “narco” paraguayo con la detención en Nueva York de la exdiputada colorada Cynthia Tarragó, quien lavaba dinero a “tutiplé” con la franquicia otorgada por sus contactos políticos locales y encima ofrecía kilos de cocaína “a precio más barato”, a agentes del FBI camuflados de amables traficantes.

Tanto Estados Unidos como Brasil aportaron sus evidencias de cómo se lava dinero ilegal en Paraguay procedentes de los distintos tráficos delictivos de frontera, en los mismos días en que nuestro país comenzaba a ser evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la agencia que monitorea el Departamento del Tesoro de USA para medir los avances en la lucha contra el lavado de dinero sucio, que financia no sólo a los mismos traficantes de drogas o armas, sino que sirve de brazo financiero al mismísimo terrorismo transnacional, es decir, al enemigo mortal del Tío Sam (o ahora el Tío Donald)

Lo más deplorable es que el país podría perder su status de país que lucha contra el lavado y volver a la lista gris del GAFI, como resultado de la actitud dubitativa de la fiscalía general de investigar a HC y sus conexiones nacionales e internacionales para el traslado de dinero dudoso en camionadas, que le permite su carácter de “Patrón” político de la ANR y de su experticia como empresario de frontera, en el rubro del contrabando de cigarrillos y otras “mercas”.

Es lamentable que Sandra Quiñónez haya perdido la confianza ciudadana y el pequeño capital de prestigio que habría venido adquiriendo al haber avanzado en varias promisorias investigaciones contra narcos y el mecanismo de lavado en el país, aunque ya se había denunciado también su lentitud en atrapar a varios políticos vinculados al cartismo, como el caso de Javier Zacarías Irún y su “troupe” familiar.

Hasta el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, le había felicitado a Sandra este año por su accionar contra los grupos que todavía persisten en la Triple Frontera como potenciales financistas y apoyos logísticos de Hezbollah, la milicia libanesa proiraní, el enemigo número uno de los norteamericanos.

La operación “Soberanía”

En el Gobierno de Marito Abdo y en la ANR tiende a configurarse el silencio cómplice que era de esperar en el caso de la falta de acción para investigar a Cartes y Messer. Ya incluso antes del destape brasileño, aquí no había ninguna intención, tanto política como judicial, de desmantelar la protección política a la gran lavandería.

Pero de que ante la avalancha de las pruebas se intente abrir algunos frentes de defensa a HC, ya suena como una puñalada mortal a las posibilidades del Paraguay de sacudirse del gran lastre que significa para las inversiones sanas la continuidad del sistema blanqueador financiero, con su protección política y judicial.

Es lo que ocurre con la Operación “Soberanía”, que ya adelantaron como defensa los abogados de Cartes, pero que al sonar también en las bocas de otros exponentes políticos afines al “Patrón”, e incluso en otros expertos en Derecho Internacional, podría implicar serias consecuencias para el país.

Considerar que una orden captura de HC en el Brasil, equivale a una cuestión de “soberanía nacional” resulta un argumento totalmente viciado de contenido, porque aunque vaya contra un exjefe del Estado se trata de un tema delincuencial común, prima facie, pero que, desde luego, supone nada menos que el inicio de una monumental investigación para desarticular el “mecanismo” de protección incubado en el país durante décadas para delitos supranacionales de alto voltaje para los intereses de países líderes del hemisferio, como son precisamente Estados Unidos y Brasil, con gobiernos muy afines en estos momentos.

El Gobierno de Marito Abdo como la ANR tendrían que desmarcarse rápidamente del intento cartista de unir la suerte de la Nación con la del “Patrón” HC, tomando las medidas conducentes a destruir cualquier protección política al esquema montado tanto por Horacio Cartes como por Darío Messer, que pusieron lastimosamente al Paraguay en la mira del Lava Jato brasileño y, en el caso de Tarragó, de la Justicia de los Estados Unidos.

Si el Brasil envía el pedido de extradición de Cartes, no debería significar ningún cataclismo político, ya que si está en debida forma según los convenios internacionales, un juez lo debería admitir, para después solicitar el desafuero del Senado, lo cual significará sí un compromiso con la transparencia y el futuro del Paraguay por parte de la clase política, sin distinción de banderías.

Lo absurdo sería que se manipule el tema y se blinde al “Patrón” con el ánimo de convertirlo en una mala copia del Mariscal López frente al acoso brasileño, justo ahora en que se conmemoran los 150 años del derrotero del “martirologio patrio” hasta Cerro Corá.

De allí la necesidad de avanzar en la investigación fiscal sin pedir permiso al “Patrón” como lo hace Sandra Quiñónez, o de tomar medidas en el Gobierno, en el caso de Marito Abdo, quien debe tomar en serio el tema del megacontrabando de cigarrillos hacia el Brasil que realiza el rubro tabacalero de HC, que no es sólo el mayor contribuyente al fisco del sector privado, según los datos de Hacienda, sino el aportante principal para el financiamiento de la protección a la gran lavandería de dinero negro del Paraguay, como lo acaba de detallar con profusión la justicia de Brasil.