La jugada fue respaldada por la bancada oficialista en el Senado, que decidió acompañar un pedido de permiso sin goce de dieta, una figura que no está contemplada en la Constitución para este tipo de situaciones.

La decisión fue anunciada tras una reunión del bloque de Honor Colorado con el presidente de la República, Santiago Peña, y el vicepresidente Pedro Alliana en Mburuvicha Róga, donde se terminó de sellar la estrategia. El titular del Senado, Basilio "Bachi" Núñez, fue el encargado de comunicar públicamente que el legislador se apartaría temporalmente de su banca mientras enfrenta los procesos judiciales en su contra.

Según explicó Núñez, el oficialismo optó por "valorar" el gesto de Rivas, argumentando que el legislador busca defenderse en instancias judiciales. Sin embargo, la medida reavivó cuestionamientos sobre su legalidad, ya que la Constitución establece de forma taxativa los únicos casos en los que un parlamentario puede solicitar permiso: para asumir funciones como ministro o diplomático. Ninguna disposición contempla el apartamiento por causas judiciales.

A pesar de ello, desde el cartismo intentaron justificar la decisión en base al reglamento interno del Senado, una interpretación que juristas y sectores opositores consideran improcedente al contradecir lo establecido en la Carta Magna. La polémica no es nueva: el antecedente más cercano es el caso del exsenador Erico Galeano, quien también obtuvo un permiso en circunstancias similares, lo que ya había sido calificado como un precedente peligroso.

El argumento central del oficialismo gira en torno al principio de presunción de inocencia. Núñez sostuvo que el pedido de Rivas responde a la necesidad de enfrentar el proceso judicial "como cualquier ciudadano", aunque críticos advierten que la maniobra en realidad descomprime la presión política dentro del Senado y evita tratar el fondo del problema: la eventual destitución.

Además del caso del título, uno de los puntos más sensibles que queda en suspenso es la denuncia sobre una supuesta amenaza a la fiscala Patricia Sánchez, quien intervino en la causa. De confirmarse este hecho, podría configurar una causal directa de pérdida de investidura por uso indebido de influencias, un escenario que el oficialismo evita discutir mientras el legislador se mantenga con permiso.

Otro aspecto clave es que esta licencia no implica una desvinculación definitiva. Rivas conserva la posibilidad de regresar a su banca en cualquier momento, lo que refuerza la idea de que se trata de una salida transitoria que le permite ganar tiempo en medio de la crisis política y judicial.

En paralelo, ya se perfila su eventual reemplazo. El siguiente en la lista es el exministro de Salud Julio Borba, quien actualmente se desempeña como asesor en el Senado y mantiene vínculos con el entorno político del oficialismo. Su eventual ingreso sería automático en caso de que el pleno apruebe el pedido de permiso.

La decisión del cartismo no solo genera tensión jurídica, sino que vuelve a poner en debate los límites entre las normas constitucionales y las prácticas políticas dentro del Congreso, en un contexto donde los cuestionamientos a la credibilidad institucional siguen acumulándose.