Aunque la propuesta ya obtuvo dictamen favorable en comisión, existen señales de que la mayoría oficialista impediría su aprobación.

La iniciativa plantea modificar varios artículos de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial para que dicho cobro deje de formar parte del proceso de expedición de registros de conducir. La propuesta fue impulsada por legisladores de la oposición, quienes sostienen que esa función no debería permanecer en manos de una organización de carácter privado.

Durante la jornada, la Comisión de Legislación de la Cámara Baja recomendó aprobar el proyecto, habilitando así su tratamiento en el pleno. Sin embargo, legisladores del bloque oficialista adelantaron de manera informal que buscarían postergar el estudio del expediente, argumentando que no pudieron debatir el tema en reunión de bancada debido a compromisos partidarios. Tampoco se descarta que la iniciativa sea archivada.

Los impulsores del proyecto cuestionan que la Opaci continúe administrando un sistema por el cual percibe importantes recursos económicos sin formar parte de la estructura estatal. Según los antecedentes del caso, solo el cobro vinculado a los registros de conducir representa una porción significativa de los ingresos obtenidos por la entidad en los últimos años.

La propuesta también pretende que la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial asuma la administración de la base de datos de los conductores y la gestión del sistema informático utilizado para la emisión de las licencias. No obstante, durante el debate previo, representantes de esa institución expresaron reparos a asumir esa responsabilidad y defendieron la continuidad del esquema vigente.

Otro de los puntos que genera cuestionamientos es que la futura implementación del sistema de puntaje para conductores, mediante registros con código QR, seguirá dependiendo de una base de datos administrada por la Opaci si no prosperan los cambios legales. Los proyectistas sostienen que esa información debería quedar exclusivamente bajo control del Estado y no de una entidad privada.